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Un exfuncionario de la Policía de Entre Ríos fue condenado por haber utilizado indebidamente un vehículo oficial decomisado al narcotráfico, para realizar un viaje personal durante sus vacaciones, en febrero de 2019. Se trata de Sandro Jacinto Gazali, quien se desempeñaba como subjefe de la Jefatura Departamental de La Paz al momento del hecho.
Según se estableció en la causa, Gazali utilizó un Chevrolet Onix dominio OYX-142, que había sido asignado por el Tribunal Oral Federal (TOF) como depósito judicial exclusivo para la fuerza, para trasladarse desde la ciudad de La Paz hasta Mar del Plata y regresar, mientras se encontraba de licencia ordinaria.
El hecho fue descubierto cuando el funcionario fue interceptado en el Puesto Caminero Túnel, en Paraná, en poder del vehículo oficial, lo que dio inicio a una investigación penal por uso indebido de bienes del Estado.
El juez Mauricio Mayer, del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, resolvió homologar el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre Fiscalía y Defensa, y condenó a Gazali por el delito de peculado, en calidad de autor, indicó Apf.
La pena impuesta fue de dos años de prisión condicional y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Además, el condenado deberá pagar una suma de 100.000 pesos, en diez cuotas mensuales de 10.000, a una entidad de bien público que determinará la Oficina de Medios Alternativos (OMA).
El magistrado valoró que el vehículo en cuestión había sido entregado a la Policía de Entre Ríos como depósito judicial definitivo tras un juicio por estupefacientes. La disposición establecía su uso exclusivo para tareas operativas de la Jefatura Departamental de La Paz, por lo que no podía ser utilizado para fines personales ni trasladado fuera de la provincia sin autorización expresa.
En ese sentido, el fallo destaca que no existen constancias de autorización formal para que el automóvil saliera del territorio entrerriano en los primeros días de febrero de 2019, cuando Gazali emprendió su viaje a la costa atlántica.
Durante el proceso, el acusado reconoció voluntariamente su responsabilidad en el hecho, lo que fue tenido en cuenta por el juez Mayer para dictar la condena. En su sentencia, el magistrado afirmó que el conjunto de pruebas reunidas en la investigación penal preparatoria resultó "concordante, unívoco y concluyente", y permitió acreditar con certeza la comisión del delito.
La causa marca un precedente en la provincia sobre la responsabilidad en el manejo de bienes públicos entregados bajo custodia judicial, especialmente aquellos decomisados en causas penales sensibles como el narcotráfico.
Elonce con información de APF
