El campo argentino entró en alerta, al conocer el decreto que redactó Federico Sturzenegger para eliminar el Inase, organismo que controla el comercio de semillas.

Por otra parte, entre las empresas dedicadas al negocio de las semillas también hay tensión, ya que sin el Inase, creen que puede dispararse el comercio ilegal de semillas. El rubro mueve varios cientos de millones de dólares por año, en este país. La Política Online accedió en exclusiva al decreto que se publicará el lunes en el Boletín Oficial y que eliminará además otras dependencias y modificará algunas relacionadas al sector agropecuario.

Además del Inase, se eliminará la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y sus tareas quedarán bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura.

También se dispuso la disolución del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci), cuyas competencias serán absorbidas por Economía. De este modo, Luis "Toto" Caputo ganará atribuciones, una concesión que hizo su rival interno Sturzenegger para avanzar con estos cambios que fueron resistidos en un principio por el titular de Economía, que se quejaba porque le complicaban su relación con el campo.

Otros organismos no desaparecen, pero pierden su estatus de autarquía. Es el caso del INTA, que pasa a ser un ente desconcentrado dependiente de Agricultura, y del INTI, que será una unidad organizativa bajo la Secretaría de Industria, aunque mantendrá su nombre para fines internacionales. El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) también cambia de estatus: se incorpora a la estructura de Agricultura y mantendrá únicamente funciones de fiscalización en el tramo final de la cadena productiva. Por último, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) perderá su autonomía y quedará como organismo desconcentrado dentro de la Secretaría de Industria y Comercio.

El decreto justifica estas medidas con una crítica explícita a la falta de eficiencia de estos organismos, a los que acusa de haber multiplicado sus estructuras y su personal sin resultados visibles, ni mejoras en su desempeño institucional. Además, plantea que muchas de sus funciones se superponen con otras dependencias del Estado, lo que habría generado una burocracia innecesaria y gastos difíciles de sostener.