La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó varios procesamientos en la causa en la que se investiga al ex senador nacional Edgardo Kueider.
Policiales/Judiciales22 de julio de 2025
La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó los procesamientos de varias personas vinculadas al ex senador nacional Edgardo Kueider, en el marco de la causa que investiga una presunta red de lavado de dinero. Entre los procesados se encuentran su primo, Eduardo Rubel, y su ex colaborador, Daniel González, quienes continuarán detenidos en el penal de Ezeiza.
La resolución, firmada el jueves 17 de julio por los jueces Marcelo Darío Fernández, Juan Pablo Salas y Marcos Morán, convalidó las medidas dictadas previamente por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La investigación gira en torno a un esquema de blanqueo de capitales que tendría como figura central al ex legislador justicialista, actualmente bajo arresto domiciliario en Asunción, Paraguay, en el marco de la causa por el transporte de dólares sin declarar.
Además de Rubel y González (quien figura como propietario de la camioneta que conducía Kueider en Paraguay), los jueces también confirmaron el procesamiento del contador José Carlos Nogueras, acusado de haber elaborado balances falsos y otros documentos para canalizar fondos hacia la empresa Betail S.A., que según los investigadores no tenía actividad real. Adriana Crucitta y Gabriela Saint Pierre también fueron alcanzadas por la decisión judicial, por su participación como socias en distintas firmas vinculadas al entramado delictivo.
En cambio, la Cámara resolvió dictar la falta de mérito para Rita Soledad Machuca, ex secretaria de Kueider, quien recuperó su libertad tras haber permanecido bajo prisión domiciliaria desde marzo. Todos los procesados, salvo Machuca, permanecen bajo prisión preventiva mientras avanza la causa.
En la resolución se dispuso la falta de mérito para Rita Soledad Machuca y se ordenó su inmediata libertad. La mujer cumplía prisión preventiva en modalidad domiciliaria y monitoreo de una tobillera electrónica en su domicilio en Paraná. Los jueces entendieron que no hay pruebas suficientes que acrediten su conocimiento o participación activa en las maniobras delictivas. Misma resolución se adoptó respecto del contador Ezequiel Bovetti.
Según consignó Análisis, oriunda de Concordia, Machuca se desempeñaba como empleada de Kueider en la Municipalidad, durante la intendencia de Gustavo Bordet. Luego se mudó a Paraná cuando el ex senador asumió como secretario general de la Gobernación y se integró a su equipo de trabajo.
Considerada una persona de estrecha confianza del ex funcionario, cuando asumió como senador nacional Kueider le encomendó la administración de los departamentos que son parte de la investigación.
En ese contexto, fue que la empleada accedió a figurar como comodataria de las unidades al solo efecto de poder pedir el alta de la luz, el gas, internet y demás servicios.
Esta circunstancia motivó que Arroyo Salgado acusara a Machuca de ser partícipe de los delitos adjudicados a Kueider y determinara su procesamiento con prisión preventiva, medidas que ahora fueron revocadas al hacer lugar a los argumentos de la defensa, ejercida por el abogado paranaense Miguel Ángel Cullen.
De esta manera, Machuca quedó de momento apartada del núcleo central de imputaciones. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín entendió que su rol fue accesorio, sin evidencia concreta que la vincule con el conocimiento y la planificación de las maniobras delictivas atribuidas al resto de los acusados.
Los jueces consideraron que su accionar se limitó al cumplimiento de tareas administrativas bajo un contrato de comodato, sin indicios suficientes de que conociera el origen espurio de los fondos o que hubiera intervenido en operaciones de lavado o falsificación documental.
En la resolución también se confirmaron los procesamientos de personas jurídicas. Se trata de las empresas que para los investigadores se usaban como fachada para operaciones de lavado y la compra de bienes con fondos de origen ilícito. Son las firmas Nopor Service SA, Lectus SA, Vía SNP Logística SA, Felsir Biotecnología SRL y Vijusa Industrial Argentina SA.
UNO
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