El Registro Único de la Verdad (RUV) identificó un nuevo Centro Clandestino de Detención de la última dictadura cívico-militar-clerical en la capital provincial, informó Marcelo Boeykens. En Entre Ríos hay más de 13 espacios reconocidos.
Entre Ríos06 de enero de 2026
Este martes “se presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de un nuevo Centro Clandestino de Detención que funcionó en Paraná en los terrenos donde actualmente está la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), atrás del Ejército”, contó a esta Agencia el abogado, quien precisó que el sitio “se logró identificar a partir de una investigación que realizó el RUV que trabajó articuladamente con el Poder Judicial y la Fiscalía, donde tomó el relato de las víctimas y fuimos al lugar con testigos, quienes pudieron dar cuenta de dónde estaba ubicado”.
En ese marco, contó que ese lugar “no estaba dentro de los más de 13 Centros Clandestinos de detención que hay identificados en la provincia”.
Las privaciones ilegales de la libertad y las consecuentes desapariciones que se produjeron en el país y en Entre Ríos entre 1976 y 1983, no habrían podido llevarse a cabo sin contar con una infraestructura edilicia que permitiera mantener en clandestinidad a las víctimas. La clandestinidad estaba dada por el hecho de que si bien los secuestrados habrían sido mantenidos en dependencias oficiales, los habeas corpus presentados en su favor eran contestados negativamente y todas las gestiones efectuadas por sus familiares resultaban infructuosas.
Por otro lado, Boeykens advirtió sobre “el vaciamiento que el gobierno de Rogelio Frigerio realiza del RUV, que sufre un proceso de desmantelamiento desde el inicio de la gestión actual, culminando con el despido de más del 50 por ciento del personal y la falta de un espacio físico en condiciones que resguarde los documentos”.
“Estamos alertando sobre esta situación, que no solo afecta a los trabajadores, sino que pone en riesgo la continuidad del organismo”, apuntó el abogado, quien cuestionó las intenciones del gobierno: “Este achique no es solo una medida de reducción del Estado, sino que apunta deliberadamente a áreas que el gobierno considera incómodas. Es hora de que las autoridades se pronuncien sobre la realidad de los 30.000 desaparecidos y sobre la búsqueda de los nietos que aún faltan”.
En ese marco, el activista de derechos humanos vinculó estos despidos a un avance del negacionismo y el fascismo en el país, afirmando que el gobierno se alineó rápidamente con vientos políticos que amenazan la memoria y la verdad histórica: “Estamos viendo un retroceso alarmante en las políticas de derechos humanos”.
Finalmente, Boeykens destacó el trabajo realizado en el RUV durante los últimos años, que permitió elevar la cifra de entrerrianos detenidos desaparecidos de 200 a 320. “Decir que el RUV se cierra porque no hay trabajo es falso. Lo que falta es el tipo de trabajo que ellos quieren que hagamos, que es muy distinto”, concluyó.
AIM
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