El juez federal Sebastián Casanello procesó a la empresa del broker Héctor Martínez Sosa, amigo del ex presidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga presuntas negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas al sistema de seguros del Estado.
La resolución incluyó embargos sobre bienes y dinero y alcanzó a otras compañías del rubro.
En el mismo fallo, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el magistrado procesó al ex administrador general de la Residencia Presidencial de Olivos, Hugo Rodríguez, acusado de haber facilitado encuentros entre el broker y el entonces presidente sin registrarlos y con conocimiento del plan investigado.
Según la resolución, Rodríguez actuó como nexo entre el empresario y el ex mandatario, permitiendo ingresos a la Quinta de Olivos sin dejar constancia, entre ellos un encuentro del 7 de agosto de 2020, que quedó documentado en una fotografía considerada prueba del vínculo personal entre ambos.
El juez también describió episodios ocurridos entre febrero y marzo de 2022, cuando Rodríguez habría coordinado una reunión entre Martínez Sosa y Fernández para influir en la continuidad del entonces director de Nación Seguros, Gustavo García Argibay.
Casanello sostuvo que el ex administrador de Olivos “sabía del conflicto de interés y colaboró con su aprovechamiento”, por lo que quedó procesado por negociaciones incompatibles con la función pública y incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un embargo de $787.997.801,56.
En cuanto a las empresas, el fallo avanzó sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas por una maniobra destinada a beneficiar indebidamente a productores y compañías aseguradoras, en el contexto del decreto 823/2021, que obligó al sector público a contratar seguros exclusivamente con Nación Seguros S.A.__IP__
Entre las firmas señaladas, Héctor Martínez Sosa y Cía. S.A. fue identificada como beneficiaria de comisiones por más de $416 millones, mientras que otras compañías como Bachellier S.A., San Germán Seguros S.A. y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales también resultaron procesadas. En el caso de San Cristóbal, los beneficios atribuidos superan los $2.022 millones.
La resolución remarcó que las empresas no implementaron mecanismos de control ni programas de integridad, y que toleraron conductas ilícitas que habrían generado un perjuicio al erario público. La causa cuenta con la intervención del fiscal federal Carlos Rívolo.
