También Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fueron escenario de un despliegue total de 20 procedimientos ordenados por la Justicia Federal. Hubo secuestros y medidas patrimoniales.
Pese a los recursos presentados para revertir la máxima sanción, el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos ratificó en instancia final su decisión. Dispuso la cesantía por "pérdida de confianza" para su desempeño público.