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El Juzgado Federal de Victoria, a cargo del Dr. Federico Martín; con la intervención de la Secretaría Penal y Correccional, a cargo del Dr. Nicolás Eduardo Beltzer; dispuso la realización de 20 allanamientos, para lo cual este lunes se encomendaron al diligenciamiento, dotaciones de Gendarmería Nacional Argentina, el Grupo de Delitos Económicos de dicha fuerza y delegaciones de ARCA-DGI, como así también veedores de los Colegios Profesionales.
Los allanamientos de realizaron en simultáneo, en la provincia de Entre Ríos -Crespo y Gualeguay-, en la provincia de Buenos Aires -partido de Cañuelas-, y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fruto de las exhaustivas búsquedas, el conjunto de diligencias judiciales posibilitó el secuestro de dinero, 11 vehículos de origen económico a verificar, documentación, soportes informáticos y demás elementos de interés -pasibles de pericias-, que se encuentran a disposición del Juzgado Federal oficiante.
Asimismo, se dictaminaron una serie de medidas patrimoniales, tendientes a recuperar activos presuntamente mal habidos, como embargos de varios inmuebles, congelamientos de cuentas bancarias e inhibiciones. Serán peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quienes llevarán adelante las examinaciones periciales, consignó Radio La Voz.
La causa data del año 2023 y tuvo su origen en una denuncia de la entonces AFIP DGI. A partir de allí, se puso en marcha una profusa investigación -que llevo más de dos años y abarcó varias jurisdicciones-, pudiendo delimitar los presupuestos que dieron sustento a las medidas dispuestas al comenzar esta semana. En el expediente, se investiga la presunta infracción al Régimen Penal Tributario (Ley 27.430) y maniobras posiblemente compatibles con lavado de activos (art. 303 y ss. del Código Penal).
Los allanamientos tendrían vinculación, en maniobras que habrían sido desplegadas por los integrantes de la organización, consistentes en dotar de estructura jurídico-contable necesaria, para que terceros puedan blanquear operaciones ejecutadas por fuera del circuito legal. La presunta ejecución en proceso investigativo, sería por medio de un complejo entramado societario, que alcanza operadores en provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fuentes judiciales especificaron a Informe Digital, que la investigación busca desarticular una estructura que habría utilizado personas jurídicas formalmente constituidas, matrículas de faena y la simulación de operaciones comerciales para “blanquear” fondos provenientes de maniobras económicas ilícitas, con inserción en el circuito agroganadero y frigorífico.
No se descarta la adopción de nuevas medidas procesales, conforme avance el análisis del material secuestrado, que tiene el objetivo de reconstruir la trazabilidad de las operaciones, determinar el flujo económico y establecer o descartar eventualmente las responsabilidades penales correspondientes.
