Este miércoles estuvo de visita en Paraná el director de la Agencia de Deportes de la Nación (ex subsecretaría), Diógenes de Urquiza Anchorena. El funcionario nacional entregó materiales a clubes de la ciudad y mantuvo un encuentro con funcionarios de áreas deportivas de otras localidades del departamento. Lo escoltaron Stella Olalla, candidata a senadora nacional por Cambiemos en Entre Ríos, y Esteban Vitor, diputado provincial de la alianza UCR-PRO.

Del encuentro con directores de Deportes de Paraná Campaña participaron también el intendente de San Benito, Ezequiel Donda (PRO); Uriel Brupacher (UCR), de Viale; y Carlos Lencina (UCR) de Hernandarias.

En el municipio paranaense, y especialmente en la subsecretaría de Deportes, a cargo de Atilio Carboni, provocó un gran malestar que los hayan dejado al margen de la agenda del funcionario nacional en su propia localidad. El hecho agrandó el malestar por la indiferencia política del gobierno nacional hacia la gestión de Sergio Varisco.

Pero la presencia del titular de la Agencia de Deportes no trajo problemas sólo al interior de Cambiemos. El Frente de Todos denunció ante la Justicia Federal (a cargo de lo electoral) que Cambiemos habría violado la veda electoral en Entre Ríos con los actos mencionados. La presentación que realizó el apoderado legal del Frente de Todos, Rubén Cabrera, observa la entrega de aportes  por parte de Urquiza.

Cabrera advirtió que el funcionario, junto al legislador Vitor, "entregó en actos públicos (de amplia difusión televisiva) elementos deportivos a instituciones locales y anunció que la tarea la va a desarrollar en todo el país". Ante esta descripción, el apoderado entiende que se estuvo en presencia de una actividad electoral del Gobierno Nacional "en pleno periodo de prohibición de las aludidas acciones de gobierno".

La ley electoral prohíbe durante los 25 días previos a la elección general (este año son el 27 de octubre) los "actos públicos susceptibles de promover la captación del sufragio".

Las publicaciones “no podrán contener elementos que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones políticas por las que compiten”, dice la ley.

Si los funcionarios incumplen la ley, serán pasibles de inhabilitación de uno a diez años para el ejercicio de cargos públicos. Por su parte, ante ese escenario, Juntos por el Cambio prepararía otra presentación contra las funcionarios del Frente de Todos, según publicó AIM.