En los últimos meses se acrecentaron los intentos de estafas para la compra-venta de viviendas sociales en Concordia. Recientemente desde el Instituto Municipal de la Vivienda (Invytam) y la Secretaría de Coordinación de Gestión de la Municipalidad procedieron ante un hecho de similares características, que incluyó la denuncia policial y acción legal contra la persona que quiso cometer el ilícito.

“En forma permanente estamos monitoreando lo que ocurre con las viviendas sociales, y cuando nuestros equipos detectan una situación irregular o recibimos una denuncia, se procede con nuestros equipos legales y jurídicos”, indicó Marina Peñaloza, presidenta del instituto.

“En este caso, se detectó en las redes sociales un anuncio en el que se ofrecía una vivienda del barrio Agua Patito, lo que no puede realizarse porque se trata de una ilegalidad. Quien lo hace estafa al Estado. Por eso inmediatamente realizamos la denuncia policial, aportando las pruebas”, señaló Peñaloza.

No se trata de la primera vez que ocurre, sino que este tipo de hechos se repite de manera frecuente. Incluso, en el mismo barrio Agua Patito, donde se está montando una importante infraestructura de viviendas, que principalmente está destinada para ubicar a familias que estaban por debajo de la cota permitida del río Uruguay, se han repetido los intentos de ventas de terrenos. Peñaloza indicó recientemente el modus operandi. “El sector que está complicado ahora, es el lugar donde irán 150 viviendas y las personas involucradas son aproximadamente 40. Estas personas toman los terrenos, los ocupan, los custodian, los marcan, después los publican por redes sociales y los venden. Muchas veces las familias que están viviendo no son los primeros en usurpar, sino que hay un grupo previo”, manifestó. Al mismo tiempo agregó: “Más allá de las aristas, es un delito. Nosotros tenemos una obra que hay que ejecutarla, la Municipalidad es la propietaria y tiene el derecho de ir a la Justicia para pedir el desalojo”.

También destacó que los casos se judicializan y las personas involucradas quedan expuestas ante posteriores pedidos de terrenos. “Las personas quedan en un registro que cuando vienen a solicitar tierras y están en el registro que usurparon, no cumplen los requisitos, por lo que quedan afuera de la chance de tener algún terreno”, dijo la funcionaria, y también destacó: “Las denuncias de este tipo se reciben todo el tiempo. Nosotros tenemos un protocolo, que cuando los terrenos son privados lo que hacemos es verificar quién es el titular y avisarles para que haga la denuncia”.

Una problemática que crece con la necesidad de muchas familias de tener su techo propio, pero que muchas veces lo intentan a cualquier precio. Desde la gestión pasada a la actualidad desde el área de viviendas del municipio han entregado aproximadamente 2.000 actas de adjudicación. “La demanda habitacional en Concordia es mucha, a nuestra ciudad viene mucha gente de afuera a trabajar, a buscar una oportunidad, por lo que tenemos una demanda importante. Son estas familias que vienen y son las que usurpan y se nos presentan estos inconvenientes”, expresó.

Respecto del último caso denunciado ayer, el secretario de Coordinación de Gestión, Fernando Barboza, comentó que tras la denuncia policial, “los equipos jurídicos del municipio comenzaron a trabajar en las acciones legales contra la persona que intentó cometer esta estafa”. Y agregó que “en estos casos, además de la denuncia policial, se da intervención a la Justicia provincial”.

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