La auditoría que llevan adelante las nuevas autoridades de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande sobre lo actuado durante la gestión del expresidente Mauricio Macri ha generado expectativas en el ámbito político de Concordia, y especialmente en la fuerza principal del Juntos por el Cambio: el PRO.
La situación obedece a que quien estuvo al frente de esa administración durante la gestión macrista fue Roberto Niez, hombre fuerte del macrismo concordiense y excandidato a la presidencia municipal en dos oportunidades (en 2015 logró 29.786 votos, y en 2019, 32.449; perdiendo en ambas oportunidades frente al peronista Enrique Cresto).
Lo que trascendió de esta auditoría indicaría que Niez adquirió con fondos de la CTM, y con el consentimiento de los delegados Julio Forchesatto y Hugo Mayer, grandes cantidades de alimentos con un sobreprecio considerable, que habrían sido distribuidos en las semanas previas a las elecciones de 2019.

El hecho llama la atención porque la asistencia alimentaria no es una función de ese organismo, y porque además se asegura que el mismo proveedor de ese momento habría cotizado luego los mismos productos a un precio menor.

La cifra pagada ascendería a los 20 millones de pesos.

La CTM tiene autoridades recientemente designadas por la gestión de Alberto Fernández, las del lado argentino son encabezadas por el exministro de Planificación bordetista Luis Benedetto; junto al extitular del Instituto del Seguro, Juan Domingo Palito Orabona, y al senador nacional (mc) Héctor Maya.

Aunque el resultado oficial de la auditoría no se conoce, trascendió que esa asistencia a los municipios habría estado dirigida a los del sector político del oficialismo nacional de entonces (Cambiemos).

Así, se habrían visto favorecidos municipios como Viale, gobernado entonces por el actual diputado provincial Uriel Brupbacher (UCR); o Basavilbaso, que era gobernador en ese momento por el actual diputado nacional Gustavo Hein (PRO), quien además fue candidato a vicegobernador en 2019.

El destino de esos módulos alimentarios se verificaría porque los intendentes firmaron las facturas de la recepción de los mismos hechas a nombre de la CTM, al igual que firmaron autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, publicó UNO.

La situación salió a la luz, producto de una serie de facturas firmadas por el mismo Roberto Niez y que fueran remitidas y rubricadas por intendentes durante plena campaña electoral.

En el caso de Viale, la factura tiene fecha del 17 de octubre de 2019, es decir diez días antes de las elecciones, por algo más de 4300 módulos alimentarios, valuados en 6.354.000 pesos.

En los medios concordienses se cuestiona además que los fondos se hayan destinados a municipios alejados, por ejemplo del Departamento Paraná; y no a los de la zona de Salto Grande.

No se conoce cuál fue la postura de las autoridades uruguayas ante esas compras.