Esta situación se repite en diferentes jurisdicciones, sin embargo un caso llegó hasta la justicia y obtuvo una sentencia que marca jurisprudencia. El hecho sucedió en Concordia y la demanda entablada avanzó en la escalada judicial, al punto de obtener un reciente fallo, mediante el cual el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos resolvió establecer que no existe nulidad y rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Municipalidad de Concordia.

Supo FM Estación Plus Crespo que todo comenzó cuando una ciudadana presentó una acción de Amparo contra la municipalidad de Concordia, para que se declare la inconstitucionalidad de toda norma o acto de hecho, que en la administración de esa comuna, impida u obstaculice la renovación de la licencia de conducir; y que se disponga la autorización para poder concluir el trámite sin el requisito del certificado de Libre Deuda. La mujer tenía deudas por infracciones y otros conceptos tributarios de órbita municipal.

Inicialmente, la Vocal suplente del Tribunal de Juicio y Apelaciones, María del Luján Giorgio dictaminó disponer que se reanude el trámite de renovación de la licencia de conducir de una ciudadana, absteniéndose de exigirle el requisito de libre deuda. De esta manera, el STJ confirmó la inconstitucionalidad del artículo Nº 1 de la Ordenanza Nº 34.997. La magistrada entendió que la aplicación de esa ordenanza vulnera los derechos constitucionales invocados por la mujer, como el de transitar libremente, de trabajar y desarrollar actividad lícita. Asimismo, destacó que resulta lesivo a los principios supremos de razonabilidad, legalidad e igualdad. La medida tiene efecto sobre este caso en particular, aunque aún no está firme.

En una esfera superior, ahora el Tribunal integrado por los Vocales, Bernardo Salduna, Susana Medina, Germán Carlomagno y Daniel Carubia, resolvió declarar inconstitucional la exigencia del libre deuda de tasas o multas para renovar el carnet de conducir.

En los fundamentos de su voto, Salduna consideró que “la manda Municipal se excede respecto de la Ley Nacional de Tránsito que pretende reglamentar; y, se presenta extorsiva, abusiva, meramente pecuniaria y con el solo fin recaudatorio. Por consiguiente, redunda en beneficio de la pereza de la demandada en no hacerse de sus créditos por las vías que el ordenamiento jurídico pone a su alcance y que garantizan de forma rápida y expeditiva el cobro del crédito, observando el derecho de defensa del administrado”.

También razonó que “requerir al ciudadano que acredite la inexistencia de deuda exigible, es restrictivo respecto de sus derechos individuales; y, la consecuencia es de tal magnitud que dispone una sanción de tipo penal vía Ordenanza Municipal. La exigencia aparece desproporcionada y en nada ayuda respecto de la seguridad del tránsito vehicular; ni, garantiza una mejor aptitud del eventual conductor del rodado. Porque y aunque obvio, aun cuando la señora Torcello abone los conceptos que supuestamente adeuda, ello no la convierte de forma automática en una prudente y habilidosa conductora”.

Salduna, también consideró que  “el art. 1 de la Ordenanza Nº 34997 altera, en los términos del art. 28 CN, “los principios, garantías y derechos” reconocidos por la Carta Magna. En tanto, no se presenta proporcional al fin que debe perseguir; ni, guarda relación de causalidad con ese mismo objetivo. Precisamente, allí es donde el poder de policía de la accionada se desentiende entre el medio y el fin. Esto es: las normas reglamentarias pueden determinar la forma y modo de cómo han de ejercerse los derechos y garantías reconocidos por la Constitución; sin embargo, esa reglamentación de ninguna manera deberá obstaculizar, entorpecer o distorsionar el ejercicio de los principios, garantías y derechos constitucionales”.

A los fundamentos del Vocal Salduna adhirieron los demás integrantes del Tribunal.