Con la pandemia hubo una baja en los trámites judiciales por divorcios y pedidos de cuotas alimentarias. Sin embargo, desde la Defensoría N°7 de Paraná hablan de un incremento de pedidos de asistencia por alimentos. El dato saliente: cada vez son más los abuelos que se hacen cargo de la manutención de sus nietos. Un informe del programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) da cuenta de estadísticas y datos de una situación que se agrava por la pandemia y la situación económica del país.  

Cuotas alimentarias

Tratándose de  una separación matrimonial o divorcio, la obligación de alimentos consiste en el deber impuesto a uno de los cónyuges frente al otro cónyuge o frente a los hijos.

La pensión de alimentos es una obligación a la que deben responder determinadas personas, respecto de los hijos. Sobre esto, la ley dice que hay que financiar la alimentación, la educación, la salud, la vivienda, el vestuario de las personas y los gastos necesarios para adquirir una profesión y oficio.

El juicio de pensión por alimentos, como tiene por objeto cubrir las necesidades más inmediatas, tiene un proceso rápido y no puede ser obstaculizado por ningún otro juicio. Una vez presentada la demanda, se llama a una audiencia y en ese mismo momento el juez fija el monto de la pensión alimentaria o bien la establecen entre las partes, y en ese momento comienza a regir. Esta cantidad varía en cada caso, y está en función del nivel socioeconómico y de ingresos del padre.

Los alimentos deben satisfacerse hasta la mayoría de edad, esto es a los 21 años. Para estar exento de la responsabilidad, se tendrá que acreditar que el hijo mayor de edad puede ganarse la vida y si el hijo quiere estudiar, habrá que pasar alimentos hasta los 25 años.

Si esto no ocurre así, la ley prevé sanciones civiles y penales. La sanción civil está dada por la posibilidad de que el alimentado o un tutor legal solicite al juez la suspensión del régimen de visitas. Esta medida será tomada únicamente por el juez y no por la madre, ya que ella puede incurrir en el delito de impedimento de contacto (es decir de obstaculizar el derecho del padre a mantener contacto con sus hijos). En lo penal por incumplimiento de la pensión la ley establece pena de prisión o multa.

La realidad de Entre Ríos en pandemia

Los pocos datos estadísticos que existen dan cuenta de una disminución de los trámites judiciales para reclamar alimentos en este 2020 atravesado por la pandemia, aunque no es una diferencia significativa en comparación con el año anterior. La información que brindó el director de Estadísticas del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos, muestra los siguientes gráficos:

El Defensor Civil N°7, Tulio Rodríguez Signes, afirmó que en tiempos de pandemia hubo que cambiar la forma de trabajo en las Defensorías y aseveró que “los mayores reclamos que hay en la Defensoría son por régimen de alimentos, régimen de comunicación o de cuidado de los hijos”. “Son los temas por los cuales más se piden audiencias y se celebran audiencias en el marco de la Defensoría”, reiteró.

En cuanto a la cantidad de trámites de este tipo, aclaró no “estar en condiciones de dar un número exacto porque eso tiene que ver con estadísticas” pero afirmó que “hubo un aumento de casos”. “Lo que más significa o lo que más se visualiza es que se incrementaron mucho los reclamos o demandas contra los abuelos. En el Departamento Paraná y la ciudad de Paraná puntualmente se ve mucho trabajo precario, lo que se denomina changas o trabajos informales, y los padres de los niños y niñas manifiestan que no les alcanza para hacer frente a la cuota alimentaria”, explicitó.

Analizó que “esto también se da porque vienen muchos chicos jóvenes, incluso adolescentes, que han tenido hijos, hijas, y con estas cuotas se pretende que las madres puedan afrontar gastos de pañales, gastos mínimos de higiene y alimentación de los niños”.

“Eso se incrementó  y se nota mucho, que hay padres muy jóvenes, que en muchos casos no terminaron ni siquiera la educación secundaria y que no tienen trabajo”, confirmó.

De hecho, agregó que “las cuotas alimentarias que, en general se acuerdan con los padres, son muy bajas , y a veces no pasan de los 2.000 o 3.000 pesos y eso termina repercutiendo en los abuelos y abuelas que tienen una jubilación, pensión o aún son empleados activos y se registra a necesidad de demandarles una cuota alimentaria”.

Aclaró además que “en general no se acciona contra otro tipo de familiares, como los tíos” y explicó: “Nosotros buscamos acentuar esta responsabilidad en los padres pero cuando no se da esto, subsidiariamente y cuando no hay otro remedio, se busca la protección de los abuelos”.

Asimismo, planteó que “que este año se incrementó, pero no tenemos un dato cierto, sino que es una percepción” y analizó que “todo esto viene anclado con la pandemia y la crisis económica generalizada que viene sufriendo nuestro país desde hace mucho tiempo, con la falta de trabajo formal, la falta de profesionalización en los empleos, hace que cada vez se vayan generando más reclamos alimentarios”.