El Poder Legislativo de la provincia se presta a tratar un proyecto de “Buenas prácticas agrícolas”, impulsado por los sectores productivos. En paralelo, la Coordinadora por una vida sin agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta”, creada por organizaciones ambientalistas de toda la provincia en 2017, dio a conocer una iniciativa popular que busca presentar en la legislatura el proyecto que declara la “Emergencia Ambiental por agrotóxicos” en el territorio provincial.

La propuesta plantea la creación de un registro público de los establecimientos que utilizan productos de síntesis químicas y, entre otras cosas, que se reconozca como actividad peligrosa a la producción agrícola que utiliza este tipo de insumos.

Para llegar a ser tratada la iniciativa popular necesita ser respaldada por el 2 % del padrón electoral, lo que representa alrededor de 21.000 avales. De prosperar, sería la primera vez que se da este tipo de mecanismos para un caso ambiental y la legislatura debería tratarla.

Aldana Sasia es abogada especialista en Derecho Ambiental, integra el Foro Ecologista de Paraná y es parte de Basta es Basta. En diálogo con ElDía, contó que “en Argentina están autorizados 112 productos para fumigación, no es sólo el Glifosato, atrás hay 111 productos más”.

“Estas sustancias no siempre se aplican solas, sino que se aplican de a dos, de a tres y hasta de a cinco. Todo lo que nosotros podemos saber respecto a su peligrosidad es en el caso de que se aplique sola, pero eso no siempre ocurre. Hoy, lo que se termina aplicando es un coctel y nadie conoce cuáles son las consecuencias para la salud de la población y el medioambiente”, cuestionó la integrante de la organización que, en el caso de las escuelas fumigadas, llevó a cabo tres recursos de amparo contra el Estado.

Actualmente, ese caso está en la Corte Suprema de Justicia, se continúa fumigando a 200 metros de los establecimientos educativos y, además, los directivos deben asumir la función de controlar que se haga respetando las distancias y fuera del horario escolar.

“Nosotros hicimos una acción para cuidar a docentes, niños y niñas, y el Estado resolvió exponerlos aún más, porque ahora tienen que controlar. Termina siendo un despropósito jurídico y por eso ahora está en la Corte Suprema”, dijo Sasia al respecto.

Sobre el proyecto de Emergencia Ambiental, la abogada apuntó a la necesidad de “demostrar que no es un antojo de las organizaciones ecologistas, sino que hay un pueblo atrás pidiendo una modificación mínima para combatir esta pandemia silenciosa que nos asecha a todos”.

“El Glifosato fue calificado como posiblemente cancerígeno para humanos y la Atrazina puede llegar a generar contaminación aguda, causante de linfoma de Hodgkin. Mínimamente, el Estado tiene que hacer un análisis, un registro de esto. Hace 20 años se utilizan estos productos, y cada vez en mayor cantidad, porque la planta se vuelve cada vez más adicta y resistente. Por eso es tan importante que se haga estudio acumulativo para saber qué pasó durante todo este tiempo y qué grado de contaminación tienen todos los elementos del ambiente. También es necesaria la realización de un registro epidemiológico de los casos y las patologías de los ciudadanos y ciudadanas de la provincia con relación a estas prácticas”, manifestó la abogada.

“Actualmente, sólo se registra la intoxicación aguda, que es la que se da al momento de recibir una aplicación de veneno; es la que se provoca por ingesta o inhalación en el momento. Pero todo este tipo de sustancia produce una contaminación crónica, que es la que no se registra y aparece a lo largo del tiempo. El ingreso de una molécula de veneno en un organismo puede terminar generando un daño dentro de 15 años”, ejemplificó, y apuntó a los casos de abortos espontáneos y malformaciones congénitas.

“Estamos acostumbrados a que nuestro sistema de salud no trabaje la prevención, entonces no se tiene este tipo de registro, ni de estas enfermedades ni de otras. Siempre se termina tratando la enfermedad y no se previene. Por ejemplo, el labio leporino es una malformación generada por este tipo de sustancias o por la intoxicación de la madre. Entonces, se debe hacer un registro, tenemos que saber dónde estuvo esa madre al momento de la concepción, por ejemplo. Porque los registros que existen son de aquellas personas que trabajan con estas sustancias, pero no de la población en general”, explicó la especialista en Derecho Ambiental.

“Estela Lemes, la maestra de Gualeguaychú, es un claro ejemplo de la contaminación invisible y de la intoxicación que puede recibir, por deriva, alguien que es ajeno a esa realidad. Por estar dando clases en una escuela terminó contaminada con Glifosato y Atrazina cuando fumigaban en un campo vecino a la escuela”, mencionó, al tiempo que aclaró que “no existe una batalla contra el campo, como se quiere hacer ver muchas veces”.

“Lo cierto es que no sabemos cuánto más van a rendir nuestros suelos entrerrianos, los productores necesitan echar cada vez más productos para generar un suelo fértil, productos importados y a precio dólar. Muchos pequeños productores viven endeudados. Por eso decimos que hay posibilidades de salirse de este modelo agroindustrial, de ahogo y asfixia, que depende de Bayer, Monsanto y dos o tres multinacionales más”, apuntó una de las impulsoras de la iniciativa que en los cuatro primeros días recolectó 2.500 firmas.