En la tarde del martes 22, el Ejecutivo de Crespo dio a conocer una medida que posicionó a la ciudad como el primer ámbito municipal entrerriano en el que el uso del barbijo en espacios cerrados pasaba de ser "obligatorio" a "recomendables". Esa liberación de actitud anticipada a otras esferas del Estado, podría significar consecuencias para los ciudadanos.

En declaraciones a FM Estación Plus Crespo, el Fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Dr. Julio Rodríguez Signes, explicó: "El rol de los municipios queda disminuído frente al hecho de que la pandemia -declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- el Poder Ejecutivo Nacional es el que ha asumido el ejercicio del Poder de Policía de Emergencia Sanitaria. Dado que es una pandemia de alcance mundial, hay que tomar medidas uniformes, no medidas aisladas, por las propias características de la enfermedad y los altos niveles de contagiosidad. La pandemia todavía existe, no ha sido declarado su final por la OMS. A nivel nacional, el Ejecutivo a través del Decreto 867/21 -del 23 de diciembre pasado-, prorrogó la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Por lo tanto, es el Ejecutivo Nacional el que dispone las medidas nacionales de prevención, dirige la campaña de vacunación, entre otros lineamientos generales. En particular, el Art. 7 Bis de ese instrumento (Decreto 867), entre las medidas generales de prevención, además de determinar el período de aislamiento de las personas que registran el virus, de los contactos estrechos y demás, establece el uso obligatorio del barbijo/tapabocas; con lo cual los municipios no pueden derogar una norma que se aplica en todo el territorio del país".

Insistiendo en la esencia del espíritu normativo, el funcionario comentó: "No puede haber decisiones municipales aisladas. Una pandemia no se puede abordar con ese nivel de descentralización de las decisiones. Esto no quiere decir que no se respeten las autonomías municipales, pero frente a una pandemia, es el Poder Ejecutivo Nacional el que ejerce el Poder de Policía".

Rodríguez Signes dejó en claro que la tarea de contralor debe continuarse -incluso en Crespo- y en tal sentido especificó: "Lo debe exigir la Policía, los organizadores de eventos, los responsables de un establecimiento gastronómico y todos aquellos alcanzados por las disposiciones que nos rigen actualmente".

Basándose en la condición jurídica de la situación, en cuanto a posibles renuencias o comportamientos en contrario, el Fiscal de Estado sostuvo: "Quien es responsable de dar esa garantía e incumple, queda expuesto a que se le aplique algún tipo de sanción, conforme lo previsto en las propias normas. El municipio -por jerarquía institucional- debería hacer cumplir el Decreto Nacional 867".

Por estas horas, el reciente Decreto suscripto en Crespo está siendo tema de agenda en el arco político provincial y municipal, sobre lo cual el Fiscal de Estado señaló: "Probablemente a través del Ministerio de Salud o del Ministerio de Gobierno, se mantenga una comunicación con las autoridades de Crespo, para revisar la medida. Hasta hace poco, se hacían reuniones con los intendentes, para explicar los alcances de los decretos nacionales, entonces nos sacábamos las dudas entre todos. Es razonable que existan dudas, incluso porque hace bastante tiempo que no se sacan instrumentos a nivel nacional, el último fue el del Pase Sanitario. A través del Ministerio se comunicarán y este tema será resuelto".

Denotando un abordaje no confrontativo de la cuestión, afirmó: "Tenemos respeto hacia el intendente, que seguramente lo hizo con la mejor intención, pero el Decreto Municipal en sí, carecería de validez frente al Decreto Nacional, siempre rige el de máxima jerarquía".

Aludiendo al tema de fondo, que es la posibilidad de flexibilizar aún más el uso del barbijo, Rodríguez Signes anticipó: "Este tema ya se está debtiendo en el Consejo Federal de Salud. Este lunes le consulté a la ministra de Salud y me explicaba que el uso del tapabocas y principalmente en en ámbito escolar, está justamente siendo debatido. Pero mientras tanto, lo normativo es que el Decreto 867 está vigente".

Apelando al sentido común y con la mirada puesta en el gobierno como promotor del cuidado de la salud, el Fiscal de Estado manifestó: "Es una regla de conducta. Yo entiendo que hay ya un cansancio, y por eso nos cuesta un poco más; pero además de las razones jurídicas, se ha demostrado que la baja de la temperatura actúa en favor de los contagios. Es un dato científico que se dio en el 2020 y 2021, entonces ahora que empezó el invierno y descienden las temperaturas, los ambientes permanecen más tiempo cerrados y hay un cambio de hábito en ese sentido, hay que cumplir con las normas sanitarias de cuidado personal".