Este miércoles se seleccionarán las 6.500 personas que podrían desempeñarse como jurados populares en 2023. El sorteo será en el IAFAS y es en base a los últimos números de DNI.
Policiales/Judiciales20 de junio de 2022
Este miércoles será el momento en el cual el azar interviene en parte de un proceso judicial para que impartir justicia. Los bolilleros del Iafas determinarán, a través del sorteo de un número de tres cifras, quiénes serán los ciudadanos que posiblemente podrán ser jurados populares que deberán definir si una persona es culpable o no de un delito grave, a partir del año que viene.
El sorteo público se realizará este miércoles 22 de junio a las 10, en la sede del Instituto de Ayuda Financiera y Acción Social (Iafas). Se seleccionará de este modo a los 6.500 ciudadanos y ciudadanas que integren el padrón electoral vigente y que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley10.746 de Juicio por Jurados, discriminados por jurisdicción y por sexo (mitad mujeres y mitad hombres).
El objeto es confeccionar el listado definitivo de potenciales jurados en los juicios penales que se realizarán a partir del 1° de febrero del 2023 en Entre Ríos.
Este sorteo se transmitirá por el canal de YouTube del Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, tal como se hizo en la primera oportunidad, el 17 de junio de 2020.
Con las personas que resulten sorteadas, se conformará un padrón por jurisdicción, del cual, en cada oportunidad, se pasará a la segunda intervención del azar: se seleccionarán de manera aleatoria (mediante un programa informático) a los jurados que serán convocados para intervenir en los casos de delitos que prevén condenas de 20 años ó más. En esta oportunidad se eligen a unas 40 personas, que deben asistir a la audiencia voir dire en la cual fiscales y defensores entrevistan y seleccionan o descartan a personas, hasta que queda conformado el jurado con 12 titulares y cuatro suplentes para resolver el caso en cuestión.
Las personas seleccionadas serán contactadas por autoridades judiciales. Es importante destacar que ese rol es una carga pública. Es decir, es una obligación integrar un jurado del cual se resulta seleccionado.
Acerca de la ley
La ley 10746 que norma el funcionamiento del Juicio por Jurados fue promulgada el 7 de noviembre de 2019 dando cumplimiento así a lo dispuesto en tal sentido por la Constitución nacional y provincial.
La norma modificó la manera de realizar los juicios frente a los delitos graves. Por esta herramienta se habilitó la participación ciudadana en la administración de la Justicia Penal en la provincia.
El 11 de noviembre de 2020 se realizó el primer juicio por jurados y hasta ahora se han realizado en Entre Ríos 21 juicios por jurados.
Sólo en dos de ellos, uno realizado en Gualeguaychú y otro en Concordia, el jurado no logró un veredicto unánime. Y tal como lo prevé la ley, en cada caso el juez técnico declaró el estancamiento de esos juicios, lo que motivará nuevos debates, con otros jurados y diferentes magistrados.
Se presume que el santafesino aprehendido, tuvo apoyo desde esa misma ciudad. Hubo allanamiento. Los detalles.
La Policía llevó adelante positivos procedimientos en esa localidad del departamento Nogoyá. También incautaron dispositivos electrónicos que habían sido denunciados como robados.
Desde la Policía pidieron a la población no adquirir objetos del cual se desconoce la procedencia.
Un hombre y una mujer, que los une un vínculo sentimental, fueron apresados en Diamante y pesa sobre ellos una imputación penal.
Cayó una empresa en el ardid y la Policía no descansó hasta dar con el sospechoso, que volvió por más víctimas. Secuestros y detención.
Por orden de un Juzgado Federal, allanaron en Villaguay los negocios de la familia de la asesora del ministro Guillermo Francos. Investigan maniobras de evasión fiscal y venta de productos falsificados, mientras se encuentran en Miami.
Ya fue celebrado el convenio entre la Fuerza Nacional y el Departamento Ejecutivo Municipal. Sólo resta que el Concejo Deliberante autorice ese préstamo gratuito de instalaciones.
De ser hallado culpable, el laboratorio deberá abonar una suma superior a los 400 millones de pesos.
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