
La medida entrará en vigencia el 1° de febrero de 2026 y forma parte del proceso de actualización tarifaria dispuesto por el Gobierno Nacional.
"Cruzan unas 40 personas por el puente de Salto Grande, a unos 200 metros de la frontera los espera un ómnibus que los lleva a las chacras y los hacen trabajar en negro", indicó Juan Carlos Albano, presidente de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) de Uruguay.
Entre Ríos10 de agosto de 2023La Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra) denunció que varios productores rurales de Salto contratan a unos 40 ciudadanos argentinos como “mano de obra barata” y les pagan tres veces menos que a uruguayos.
El presidente del gremio, Juan Carlos Albano, dijo que estas personas son traídas por el paso de frontera de Salto Grande por empresarios del sector citrícola para trabajar en sus respectivos establecimientos, y que cobran un tercio de lo que se le paga a un trabajador uruguayo por el laudo establecido para la categoría.
"Cruzan unas 40 personas en calidad de peatones por el puente de Salto Grande, pero estando a unos 200 metros de la frontera, ya del lado uruguayo, los está esperando un ómnibus que los lleva a las distintas chacras y los hacen trabajar en negro y en condiciones muy precarias", denunció.
Albano manifestó que se trata de un hecho "altamente preocupante", ya que estas personas "son traídas como mano de obra barata, a las que les pagan lo que quieren, como quieren y encima sin ley ninguna”.
Respecto a la compensación, el dirigente sindical señaló que a un cosechero uruguayo se le paga $ 24 por bolso de cosecha de naranjas, mientras que a un argentino solo se le paga $ 8. Albano indicó que cada trabajador cosechero "hace unos 60 bolsos por día en promedio, dependiendo de la variedad de la naranja”.
La denuncia del tema ya está hecha en el Ministerio de Trabajo, y Albano precisó que lo llamaron de la Embajada Argentina en Uruguay para conocer más detalles sobre el tema.
Este martes, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, señaló que desde que su cartera recibió la denuncia envió una inspección “a identificar dónde estaba ocurriendo esa situación”. “Hasta ahora no hemos encontrado en dónde se produce este fenómeno. Pero no tengan ninguna duda de que si eso está ocurriendo, lo vamos a sancionar como corresponde”, apuntó y añadió que reciben información de denunciantes para ubicar los predios en cuestión, publicó El País de Uruguay.

La medida entrará en vigencia el 1° de febrero de 2026 y forma parte del proceso de actualización tarifaria dispuesto por el Gobierno Nacional.

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