El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela informó a través de un comunicado que el Superior Tribunal de Justicia presenta un estado crítico en cuestiones presupuestaria y financiera.

Al respecto, Portela indicó que uno de los motivos de esta situación se debe al presupuesto provincial aprobado para este año, muy diferente al que los técnicos de la contaduría del Poder Judicial proyectaron. “A mediados de 2023, se preveía un presupuesto anual para el 2024 en casi ciento treinta mil millones de pesos y una inflación anual estimada de 120%. Al momento de aprobarse el presupuesto provincial, el nuestro se fijó en $65.718.311,001; esto es un 50% menos, aproximadamente”, informó.

Y agregó que la Legislatura de Entre Ríos aplicó una inflación proyectada del 88% al presupuesto de 2023 para elaborar el de 2024 pero finalmente, según el INDEC, la inflación de 2023 fue del 211,40%2.

Por otra parte, Portela señalo que el Poder Judicial de Entre Ríos necesita la suma de pesos trescientos treinta y cinco millones mensuales para afrontar gastos de funcionamiento y de bienes de uso. Sin embargo de esa cifra “recibimos $145.358.416,67 enero 2024 y $45.000.000,00 en febrero a la fecha, a una semana de fin de mes”, indicó.

Debido a esta situación, se dio a conocer que se resolvió suspender el inicio de obras nuevas tanto de las adjudicadas como de las que no habían llegado a ese punto. Cabe destacar que respecto de las iniciadas, se optó por continuar con las que estaban en un grado de avance importante, casi culminadas, en el entendimiento de que su detención podría ser antieconómica.

“En síntesis; de 46 obras en curso, se continuó con 16. Repito, las nuevas obras, algunas imprescindibles, otras necesarias y otras optativas, se dejaron sin efecto. También hay otros proyectos que se encuentran en estudio para recuperar gastos que son afrontados por este poder del Estado”, informó Portella.

Cabe destacar que hay “un diálogo fluido” con el gobernador y el secretario de justicia, y se les anticipo que los fondos requeridos “iban a ser transferidos al Poder Judicial a medida que se vayan recibiendo de Nación”.

“No me interesa indicar puntualmente gastos, aunque todos sabemos que resulta posible reducirlos significativamente en rubros tales como toner, papel, energía eléctrica, etc. Cuidemos de incurrir en gastos fácilmente evitables”, culmino el documento presentado a los de la magistratura.

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