Así quedó plasmado en el Decreto de Necesidad y Urgencia 129, mediante el cual el gobernador salteño estableció que los extranjeros que pertenezcan a las categorías de residentes transitorios y precarios contribuyan también a solventar los gastos que genera su atención sanitaria en los centros de salud provinciales, ya sea por sí mismos o a través de un seguro de salud.

"La medida procura garantizar la solvencia del sistema de salud público salteño", indicaron voceros gubernamentales.

El documento, rubricado también por todos los ministros del Ejecutivo salteño, prevé que la atención sanitaria a los extranjeros en casos de urgencia o emergencia, cualquiera sea la categoría que éstos revistan, no podrá ser negada, ni restringida, por tratarse de una cuestión humanitaria.

En tanto, el DNU señala que el Estado provincial arbitrará con posterioridad los medios necesarios para percibir los gastos ocasionados.

El Gobierno de Salta consideró importante advertir que la crisis económica que atraviesa el país no resulta ajena a la provincia, que sufrió una merma en su erario, no sólo por el recorte de las transferencias nacionales, sino también por la disminución de la recaudación.

En ese escenario y ante la emergencia económica declarada a nivel nacional y provincial, el alto índice inflacionario existente que encarece los insumos a diario, medicamentos y elementos destinados a garantizar la atención sanitaria, "resulta necesario adoptar medidas para racionalizar de manera eficiente los recursos con los que se cuenta", manifestaron.

La necesidad de regular la modalidad de acceso al sistema de salud público para los extranjeros se basa en la particular posición geográfica de la provincia, que limita con tres países, por lo que de manera habitual y constante recibe una gran cantidad de personas extranjeras que solicitan atención sanitaria.

Al respecto, el Gobierno de Salta destacó que, desde diversos países, se organizan "tours sanitarios" que ofrecen atención en los hospitales del sistema público provincial, requiriendo en muchos casos tratamientos prolongados y de altos costos como así también cirugías, cesáreas, entre otros que no son circunstanciales sino programados.

Ante esta situación, consideró "imperioso brindar una solución normativa razonable y acorde a las premisas constitucionales y normativas aplicables en la materia, para proteger la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema de salud pública, frente a la problemática diaria que vive la provincia en sus centros asistenciales públicos".

Conforme a la Ley Nacional 25871 de Migraciones, los extranjeros se agrupan de acuerdo a su ingreso y permanencia, en cuatro categorías de residentes: permanentes, temporarios, transitorios y precarios, especificó Cadena3.

Por ello, es necesario establecer que tanto a los residentes permanentes como a los temporarios se les brindará atención sanitaria en forma igualitaria a los nacionales.

Tal disposición encuentra su fundamento en que las personas incluidas en estas categorías contribuyen al erario público, mediante el pago de sus impuestos, que sostiene el sistema de salud público de la provincia.

La Autoridad de Aplicación del DNU será el Ministerio de Salud Pública, que queda facultado a llevar a cabo todas las acciones y dictar la normativa necesaria para su plena operatividad.

Además, este organismo será el que fijará los aranceles de cada una de las prestaciones, debiendo mantenerlos actualizados y ser informados a quienes lo requieran.