José Ramón Ieno fue cesanteado tras una investigación administrativa y judicial que reveló irregularidades en el manejo de un hallazgo policial. También fue condenado a seis meses de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos
Policiales/Judiciales20 de noviembre de 2024
En un caso que puso bajo la lupa la actuación de la fuerza policial de Entre Ríos, el Subcomisario José Ramón Ieno fue destituido de su cargo luego de un extenso proceso administrativo y judicial. La medida fue tomada por el Consejo de Disciplina Policial y ratificada por las máximas autoridades de la fuerza, tras determinarse su responsabilidad en el incumplimiento de sus deberes como funcionario público.
El sumario fue publicado en el Boletín Oficial Nº27.978, al que accedió la Agencia APF Digital.
El caso se originó en diciembre de 2019, cuando se encontraron posibles sustancias estupefacientes sobre el capot de un vehículo policial perteneciente a la Brigada de Abigeato de San Salvador. Se trataba de dos envoltorios que, según las primeras evaluaciones, contenían pequeñas cantidades de marihuana. Sin embargo, el hallazgo no fue comunicado ni a las autoridades superiores ni a la Fiscalía de San Salvador, como lo exige el reglamento, lo que levantó sospechas sobre la actuación del personal policial.
En 2020, se inició un sumario administrativo que incluyó declaraciones testimoniales, informes de investigación y opiniones legales. Paralelamente, Ieno enfrentó un proceso penal, que concluyó en 2023 con su condena a seis meses de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un año. Fue absuelto de otros cargos más graves, como el delito de peculado.
El sumario administrativo, que avanzó tras el cierre de la causa judicial, determinó que Ieno había violado numerosas normas del Reglamento General de Policía. En consecuencia, el Consejo de Disciplina Policial recomendó su destitución mediante cesantía, decisión que fue respaldada por el Jefe de Policía y el Ministerio de Seguridad.
Con esta resolución, las autoridades buscan reforzar los estándares éticos y legales dentro de la fuerza policial. "Las garantías y derechos del acusado fueron respetados en todo momento", aseguró el área jurídica del Ministerio en su dictamen final.
El caso de José Ramón Ieno reaviva el debate sobre la transparencia y el control en las fuerzas de seguridad, en un contexto donde la confianza pública en estas instituciones sigue siendo un desafío clave.
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