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La Justicia Comercial ordenó la inhibición provisoria de todos los bienes del Grupo GTA, integrado por Granja Tres Arroyos, Wade, Avex y Holding Agroindustrial, en medio de la delicada situación financiera que atraviesa la mayor empresa avícola del país.
La medida fue adoptada luego de presentaciones realizadas por la sindicatura que interviene en la quiebra de Rasic Hermanos y por extrabajadores de las plantas I y II de Wade, anteriormente pertenecientes a Cresta Roja, quienes denunciaron un presunto vaciamiento de las unidades productivas.
Sin embargo, el proceso concursal solicitado por Granja Tres Arroyos todavía no fue formalmente abierto. Existe un conflicto de competencia entre los juzgados comerciales que deben intervenir en el expediente, publicó El Cronista.
La presentación de Granja Tres Arroyos quedó inicialmente radicada ante el Juzgado Comercial Nº21, que posteriormente remitió el expediente al Juzgado Nº1 para evaluar la posibilidad de tramitar conjuntamente los concursos de las empresas del grupo.
Este último tribunal se declaró incompetente y devolvió las actuaciones al juzgado original. Por esa razón, todavía no existe una resolución que disponga formalmente la apertura del concurso ni fue designado un síndico.
Mientras se resuelve esa situación, GTA reclamó la apertura del proceso concursal y advirtió que, de no producirse, la situación “indefectiblemente conducirá a la inminente quiebra” de Granja Tres Arroyos.
La empresa informó que al 31 de diciembre de 2025 acumulaba una deuda de aproximadamente $536.000 millones y tenía 4.978 acreedores.
Del pasivo total, unos $199.000 millones correspondían a deudas financieras; $161.000 millones a proveedores; $52.000 millones a impuestos; $78.000 millones a obligaciones laborales y fiscales; y otros $46.000 millones a compromisos comerciales.
A ese escenario se sumaron más de $126.000 millones en cheques rechazados. Además, la compañía cerró el último ejercicio con pérdidas por $122.052 millones.
La compañía señaló que su cesación de pagos comenzó a mediados de este año, cuando no logró afrontar obligaciones con diferentes entidades financieras por aproximadamente $2.070,7 millones.
En su presentación judicial, GTA atribuyó la crisis a una “acumulación de severos desequilibrios macroeconómicos” y sostuvo que tuvo dificultades para trasladar los aumentos de sus costos de producción al mercado interno debido a un escenario que consideró saturado por el exceso de oferta.
Según la empresa, se vio obligada a comercializar parte de su producción por debajo del costo de reposición para mantener su estructura y su cadena de distribución, situación que terminó profundizando los problemas de liquidez.
Entre los factores que, según GTA, agravaron la situación aparecen la sequía de la campaña 2022/2023, que incrementó el costo de los granos, y el ingreso de carne aviar importada, principalmente desde Brasil.
La empresa también destacó el impacto provocado por el cierre de importantes mercados de exportación como consecuencia de la gripe aviar.
Este último punto tuvo especial incidencia debido a que las exportaciones representaban una de las principales fuentes de ingresos en dólares de la compañía y una parte considerable de su estructura comercial estaba orientada al mercado externo.
El Grupo GTA es considerado el mayor productor avícola de Argentina y está controlado por Holding Agro Industrial, que posee el 99,9% de las acciones. El porcentaje restante está distribuido entre integrantes de la familia fundadora.
La compañía posee establecimientos en Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y Chaco, además de siete plantas de faena.
Dos de ellas están ubicadas en Entre Ríos: La China y Becar. Las restantes son Pinazo, Wade 1, Wade 2, Avex y Capitán Sarmiento.
El grupo exporta a más de 60 mercados y comercializa en Argentina productos bajo marcas como Granja Tres Arroyos, Cresta Roja, Avícola Capitán Sarmiento, Campos de Areco, Super Dry, Los Fresnos, Moro, Jet Food y La Comarca.
Uno de los puntos centrales de las presentaciones judiciales fue la situación de Wade. Los denunciantes sostuvieron que de sus instalaciones se retiraban diariamente “materias primas, insumos, documentación, herramientas, maquinarias y equipos”, además de denunciar el desmontaje de líneas productivas.
Como respaldo, los extrabajadores entregaron a la Justicia un pendrive que contendría fotografías y videos.
A partir de las denuncias, además de disponer la inhibición provisoria de bienes, la Justicia intimó al presidente y vicepresidente de cada una de las sociedades para que, en un plazo de 10 días, presenten un inventario detallado de los activos.
Los responsables de las sociedades también deberán explicar cuáles son las medidas implementadas para garantizar la seguridad y conservación de los bienes.
La resolución estableció que cualquier diferencia o faltante respecto de los inventarios, libros y registros deberá ser informada, junto con las eventuales denuncias efectuadas ante las autoridades y las medidas adoptadas para esclarecer lo ocurrido.
Además, la Justicia requirió información sobre la cantidad de trabajadores afectados a cada planta, la actividad que actualmente desarrolla cada establecimiento, el estado operativo de las unidades productivas y cuánto dinero sería necesario para volver a poner en funcionamiento aquellas que estén paralizadas.
Cresta Roja perteneció originalmente a Rasic Hermanos, empresa que quebró en 2015. Un año después, Proteinsa S.A. obtuvo mediante una licitación los activos de la avícola y quedó a cargo de las plantas, publicó El Cronista.
En marzo de 2018, Wade adquirió esos activos a Proteinsa por 80 millones de dólares, en una operación en la que Granja Tres Arroyos se constituyó como garante.
En su reciente pedido de concurso preventivo, GTA reconoció que una parte significativa de su endeudamiento actual se originó en aquella adquisición y que todavía queda un saldo pendiente.
De esta manera, Rasic Hermanos y Proteinsa permanecen como acreedores de Wade y Granja Tres Arroyos. La sindicatura de la quiebra de Rasic fundamentó su intervención en la necesidad de preservar los intereses de la compañía y sus acreedores.
