Bajo la actual gestión, Vialidad Nacional inició un plan de despidos masivos y ajuste. Planea reducir de 5.400 a 3.800 los trabajadores y trabajadoras que cumplen el servicio en los caminos de todo el país. Asimismo, el Gobierno busca bajar el presupuesto que implica el organismo encargado del mantenimiento, la infraestructura y la seguridad vial de los caminos nacionales.

En un giro drástico en la política vial del país, Vialidad Nacional puso en marcha un severo plan de ajuste que contempla el despido de 1.600 empleados, reduciendo su plantel operativo de 5.400 a 3.800 agentes. La medida, impulsada por el administrador Marcelo Campoy y alineada con las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei, busca disminuir costos y transformar estructuralmente el organismo. Este recorte se produce en el marco de la derogación de la ley 505/58, que definía a Vialidad como una entidad autárquica con funciones clave en el mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial.

Junto con los despidos, el ajuste también incluye la paralización de todas las obras viales en curso, sin considerar su grado de avance. La justificación oficial se centra en restricciones presupuestarias que impiden la continuidad de los proyectos, afectando directamente a la infraestructura y seguridad vial del país. Esta decisión impacta tanto a los trabajadores del organismo como a las empresas contratistas, que ven suspendidos sus contratos de manera indefinida.

A su vez, el recorte coincide con el vencimiento de la concesión de la empresa Caminos del Río Uruguay (CRUSA), responsable del mantenimiento de la Autovía del Mercosur y el puente Rosario-Victoria. A partir del 9 de abril, el Estado asumirá temporalmente el control del corredor vial y eliminará el cobro de peajes en varias estaciones. Sin embargo, la transición deja en la incertidumbre a casi 500 empleados de la concesionaria, quienes no serán absorbidos por la administración pública y dependen de futuras decisiones empresariales para su reincorporación laboral.

Las medidas adoptadas por Vialidad Nacional han generado un fuerte rechazo de sectores sindicales y trabajadores, quienes denuncian la pérdida de puestos laborales y el deterioro de la infraestructura vial como consecuencias directas del ajuste. Mientras tanto, el gobierno sigue avanzando en su plan de reestructuración, con el objetivo de privatizar servicios y reducir la intervención estatal en la gestión vial del país, publicó Infogremiales.