Proponen sanciones y multas para funcionarios que no respondan los Pedidos de Informes de legisladores

En lo que va de 2025 el gobierno provincial no contestó ninguno de los Pedidos de Informes presentados en la Legislatura. El año pasado solo fue respondido un tercio de los 80 pedidos cursados. El incumplimiento del gabinete colisiona con la impronta de transparencia que pregona el gobernador Rogelio Frigerio, y en ello se basa el nuevo proyecto. 

El martes a las 11:30, las comisionies de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado de la provincia, abordarán el proyecto de ley que “tiene por finalidad la reglamentación del artículo 117° de la Constitución Provincial, el cual faculta a los miembros de ambas Cámaras, a solicitar datos o informes que crean necesarios en razón de sus funciones”.

El proyecto es autoría de la senadora peronista del Departamento Paraná, Claudia Silva y propone reglamentar “lo que se conoce como pedidos de informes”. Explicó que “la mencionada herramienta es utilizada habitualmente por los legisladores, tanto de la oposición, como del oficialismo, para solicitar al Poder Ejecutivo, datos y/o información relacionados con la gestión de gobierno”.

En los fundamentos del proyecto, la legisladora sostuvo que “la necesidad de poder reglamentar esta manda constitucional, radica en poner en claro los tiempos en los cuales el Poder Ejecutivo tiene que responder los pedidos de informes. En la actualidad sucede que muchos de los pedidos o no son contestados, o su contestación es extemporánea o carente de fundamentos”. Prevé sanciones de apercibimiento y multa para el funcionario responsable del área ejecutiva requerida, a fin de que se cumpla con la Constitución Provincial. Lo recaudado sería destinado al Instituto Provincial de Discapacidad.

En aquella línea señaló que “el proyecto contiene plazos considerables para que el Poder Ejecutivo de respuestas, y si la complejidad de lo consultado amerita más tiempo, se prevé una prórroga. Dichos plazos para la elaboración de las respuestas, se proyectan de modo tal que no afecten de manera repentina y urgente la labor de las distintas dependencias provinciales, pero que al tener una fecha límite para efectuarlas, permita tener la seguridad de que se cumplirá con la norma constitucional que autoriza la formulación de los pedidos”.

Silva señaló que la “posibilidad de acceso a la información pública que tienen los legisladores, se encuentra establecida en la Constitución provincial desde el año 1933, manteniéndose la misma en la reforma del año 2008. A pesar de que lleva casi un siglo con rango constitucional la facultad establecida en el aludido artículo 117 de la Constitución de Entre Ríos, se hace necesario reglamentarla legalmente, disponiendo aspectos relevantes en orden a su tramitación, tiempo de respuestas y eventuales sanciones en supuestos de inacciones u omisiones en las respuestas de pedidos de informes”.

La senadora recordó que “dicha iniciativa no es nueva en esta Honorable Cámara de Senadores, siendo este proyectó una reedición del presentado por el Senador mandato cumplido Nicolás Mattiauda en coautoría con los Senadores mandato cumplido Francisco Morchio y Raymundo Kisser, quienes en 2016, presentaron un proyecto similar, que lamentablemente no llegó a convertirse en ley”, replicó APF Digital.

Sanciones

Silva indicó que “siguiendo la idea original del texto presentado oportunamente, se proyecta sanciones de apercibimiento y multa para el funcionario responsable del área ejecutiva requerida, generando de tal modo el compromiso de cumplir con la manda prevista en la Carta Magna. El dinero recaudado por multas, se dispone que sea destinado para el Instituto Provincial de Discapacidad”.