La Corte paraguaya rechazó una apelación de Kueider y el juicio por contrabando comenzará en abril

La Sala Penal consideró que el reclamo que llevaron los abogados de Kueider y de su secretaria, Iara Guinsel, no reunía los requisitos mínimos. Los letrados Marcelo Bogado y Carlos Arévalo intentaron que la Corte revea una decisión que había sido tomada en primera instancia y confirmado por otro tribunal.

El razonamiento de los ministros María Carolina Llanes Ocampos, Manuel Dejesús Ramírez Candia y Luis María Benítez Riera fue que se estaba intentando una “apelación de la apelación”. Y razonaron que se trataba de una vía procesal inexistente, informó el sitio local El Observador de Paraguay.

En ese sentido, los integrantes de la Sala concluyeron que el recurso no cumplía con el requisito de impugnabilidad objetiva, lo que tornó innecesario el análisis de los demás presupuestos formales.

Kueider y Guinsel enfrentan una acusación por contrabando en grado de tentativa. El caso se abrió luego de que en la madrugada del 4 de diciembre del 2024 ambos intentaran ingresar a Paraguay USD 200 mil sin declarar. Desde ese momento permanecen con detención domiciliaria.

El planteo defensivo

Los abogados Arévalo y Bogado intentaron que se anule la acusación del Ministerio Público Fiscal del Paraguay. En relación con esto, solicitaron que se dicte el sobreseimiento definitivo de ambos acusados.

Además, requirieron que el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024 sea excluido como prueba. Los registros muestran todo el operativo en el que se detuvo su camioneta cuando intentaba ingresar al Paraguay desde Brasil y se le secuestró el dinero.

El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos. La decisión del magistrado fue confirmada luego por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal del fuero especializado en delitos económicos y crimen organizado.

En sintonía, la Corte expuso que darle la razón al planteo de los abogados del exsenador y su secretaria hubiera implicado habilitar un uso abusivo de recursos. Esto, agregaron, está en contra de los principios de economía procesal y buena fe. Además, traería aparejado el riesgo de paralizar de forma indefinida el avance de los procesos penales.

Juicio y posibles penas 

El cargo de contrabando en grado de tentativa tiene una pena máxima en expectativa de dos años y medio. En Paraguay, a partir de los 2 años de condena las sanciones son de cumplimiento efectivo.

Con su decisión, la Sala Penal de la Corte paraguaya dejó firme la convocatoria a juicio. Las audiencias estaban previstas para octubre pasado. Pero fueron postergadas primero a noviembre y luego al lunes 20 de abril del 2026.

El exsenador también llevó a la Corte del vecino país un reclamo formal sobre el mecanismo por el cual se tramita su extradición a la Argentina. El pedido lo formuló la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. La magistrada lo investiga por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y otros delitos.

La causa federal surgió como derivación de otro expediente denominado “Securitas”. Allí se investiga el presunto pago de coimas realizado por la empresa de seguridad privada a organismos públicos. El objetivo era quedarse con contratos de vigilancia. Uno de los entes bajo la lupa es la estatal energética entrerriana Enersa. Arroyo Salgado vinculó a Kueider por unos mensajes encontrados en un celular de un detenido en “Securitas”.

A esto sumó una denuncia presentada con base en un informe elaborado por la publicación El Disenso. Allí se describía un patrimonio que, prima facie, no se correspondería con los ingresos de Kueider. Incluía, por caso, departamentos de lujo en una torre exclusiva en Paraná. Figuraban en el patrimonio de una empresa, Betail SA, que estaba a nombre del exsenador y de personas que la Justicia considera sus testaferros.

En simultáneo, el ex legislador también comenzó a ser investigado en Concordia, Entre Ríos, por enriquecimiento ilícito. El caso se tramita en el Juzgado de Garantías de Edwin Bastián con José Arias como fiscal.

La situación derivó en un conflicto de competencia que llegó a la Corte Suprema a comienzos de noviembre. El expediente pasó a la Procuración General para que emita opinión sobre cuál de los dos juzgados se quedará con la investigación.

Infobae