Avanza la investigación contra acusado de crear perfiles falsos en redes sociales para exponer a su ex

El juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, resolvió ampliar por 43 días las medidas de restricción contra un hombre acusado de promoción y facilitación de la prostitución, luego de que su expareja lo denunciara por difundir imágenes íntimas y crear perfiles falsos en redes sociales para estigmatizarla.

La víctima, oriunda de una localidad de Paraná campaña, convivió con el acusado entre 2018 y 2024 y relató que durante los últimos años de la relación descubrió que su pareja había creado cuentas falsas en Instagram y Twitter, donde la promocionaba como “escort” y ofrecía supuestos servicios sexuales. Esta situación derivó en un hostigamiento constante: mensajes eróticos, fotografías de hombres desnudos y propuestas sexuales que la obligaron a abandonar la localidad por la fuerte estigmatización social.

La denuncia fue presentada en la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, donde en un primer momento la fiscal María Constanza Bessa inició la investigación penal, publicó Ahora. La causa quedó caratulada como “promoción y facilitación de la prostitución” y se analiza además un contexto de violencia de género psicológica y física, con episodios de golpes, amenazas y relaciones sexuales no consentidas.

En la última audiencia, la fiscal Elizabeth Comas tomó declaración a la mujer, quien detalló las consecuencias que sigue padeciendo tras la separación y expresó nuevos hechos que en su momento no pudo contar.

El abogado querellante, acompañó la medidas de coerción y destacó la importancia de que la Justicia avance en la protección de la víctima.

El acusado, que aún no fue formalmente imputado, cuenta con defensa legal y permanece bajo medidas restrictivas que le impiden acercarse al domicilio de la víctima. Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo testimonios y pruebas para robustecer la investigación.

Este caso expone una problemática creciente: el uso de redes sociales como herramienta de violencia de género y difamación, y la necesidad de que la Justicia avance con criterios innovadores para proteger la integridad sexual y psicológica de las víctimas.