Investigan a dos empleados públicos entrerrianos por ausencias y les reclaman casi $58 millones

El Gobierno de Entre Ríos inició sumarios administrativos contra dos empleados públicos del Ministerio de Desarrollo Humano por presuntas inasistencias injustificadas y abandono de servicios. Además, dispuso intimarlos a devolver un total de $57.573.231,90, más intereses, por haberes que la administración provincial consideró indebidamente percibidos.

Las medidas quedaron establecidas mediante los decretos 3165/2026 y 3160/2026, firmados el 22 de septiembre por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendados por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, a los que tuvo acceso Elonce.

Los procedimientos involucran a dos agentes de planta permanente que prestaban servicios en distintas dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano. Uno pertenecía a la Dirección de Políticas Alimentarias y el otro a la Dirección de Comedores.

Reclaman más de $29 millones a una agente de Políticas Alimentarias

El decreto 3165/2026 dispuso la apertura de un sumario administrativo contra una empleada de planta permanente de la Dirección de Políticas Alimentarias, quien se desempeñaba en el agrupamiento Administrativo y Técnico.

Según la resolución, la investigación se inició por inasistencias injustificadas y presunto abandono de servicios, conductas contempladas en el artículo 71, incisos a) y b), de la Ley Provincial Nº 9755, modificada por la Ley Nº 9811.

En paralelo, el Ejecutivo aprobó una liquidación elaborada por la Dirección General Administrativa Contable del Ministerio de Desarrollo Humano, que determinó que la agente debía reintegrar $29.154.920,05, correspondientes a haberes considerados indebidamente percibidos.

El decreto estableció que a ese importe deberán sumarse los intereses acumulados y los que se generen hasta la cancelación de la deuda, calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Asimismo, la trabajadora fue intimada a devolver el dinero dentro de un plazo de 30 días corridos a partir de la notificación de la medida.

Otro empleado deberá devolver más de $28 millones

El segundo procedimiento quedó establecido mediante el decreto 3160/2026 y alcanzó a un trabajador de planta permanente de la Dirección de Comedores, perteneciente al agrupamiento de personal de servicios.

En este caso, el Gobierno provincial también ordenó iniciar un sumario administrativo por registrar ausencias injustificadas en su lugar de trabajo y haber incurrido en una conducta considerada presunto abandono de servicios.

La resolución señaló que los hechos investigados podrían encuadrarse en las causales de cesantía previstas en el artículo 71 de la Ley Nº 9755 y sus modificaciones.

La Dirección General Administrativa Contable determinó que el monto total correspondiente a haberes considerados indebidamente percibidos ascendía a $29.944.315,09.

Sin embargo, la administración provincial ya había retenido preventivamente $1.526.003,24, por lo que el importe pendiente de recuperación quedó establecido en $28.418.311,85, más los intereses correspondientes.

Al igual que en el primer expediente, el Ejecutivo intimó al agente a reintegrar los fondos dentro de los 30 días corridos posteriores a la notificación del decreto.

Ambos decretos establecieron que, en caso de incumplimiento de las intimaciones, deberá intervenir la Fiscalía de Estado de Entre Ríos para iniciar las acciones legales correspondientes.

El objetivo de esas actuaciones será recuperar los montos determinados por la administración, junto con los intereses legales acumulados, gastos y honorarios que pudieran corresponder.

En conjunto, las liquidaciones aprobadas por el Ministerio de Desarrollo Humano alcanzaron los $59.099.235,14. De esa cifra, $1.526.003,24 ya habían sido retenidos preventivamente, por lo que el monto total pendiente de devolución asciende a $57.573.231,90, sin contar intereses.

Las resoluciones también dispusieron remitir las actuaciones a la Dirección de Sumarios de Fiscalía de Estado y a los organismos provinciales de Recursos Humanos correspondientes.

Qué establece la normativa provincial

Los sumarios administrativos fueron ordenados en el marco de la Ley Provincial Nº 9755, modificada por la Ley Nº 9811, que regula el empleo público y contempla causales de sanción por incumplimientos de las obligaciones laborales.

En particular, los expedientes hacen referencia a las disposiciones relacionadas con las inasistencias injustificadas y el abandono de servicios, conductas que pueden derivar en medidas disciplinarias, incluida la cesantía, si se acreditan los hechos y se cumplen los procedimientos legales correspondientes.

El Gobierno también estableció que, hasta tanto se apruebe una nueva reglamentación para los sumarios administrativos, continuará aplicándose el procedimiento vigente aprobado por el Decreto Nº 2/70 y sus modificatorios.

La apertura de los sumarios no implica que se haya dispuesto la cesantía de los trabajadores, sino el inicio de procedimientos destinados a determinar las responsabilidades administrativas correspondientes.

Por otra parte, las intimaciones económicas constituyen medidas diferenciadas de las investigaciones disciplinarias y buscan recuperar los fondos que el Estado provincial determinó como indebidamente abonados.