Responde a los daños y perjuicios ocasionados después que la trabajadora denunciara un Abuso Sexual Simple en el municipio y no fue protegida, sino que recayeron medidas en detrimento de la víctima. Con honorarios y pericias, por este fallo que condena el incorrecto abordaje de género, el Estado local deberá afrontar pagos que en total rondan los 14 millones de pesos.