Maiocco había dispuesto en una norma, que el Municipio se hiciera cargo de los honorarios de los abogados defensores contratados particularmente por sus funcionarios imputados en la causa penal por la fuga de gas cloro -que denunció Noticia Uno- y que lleva adelante el Fiscal Gamal Taleb.

Inclusive, el intendente ya había ordenado en beneficio de sus funcionarios "hacer una reserva presupuestaria" de 40.000 pesos con esa finalidad.

La irregular medida llegó al extremo de asignar también fondos públicos para pagar los honorarios de los abogados defensores de uno de los imputados “que ya no se desempeñaba como funcionario”, dado que había renunciado un mes antes de la firma del decreto (César Zucotti -exsecretario de Planeamiento- imputado también en la causa que investiga la fuga de cloro).

Para impedir el patente desvío de fondos públicos, los concejales del PJ de Victoria radicaron una denuncia penal solicitando a la justicia que investigara los presuntos delitos cometidos por el jefe comunal y su secretario de Gobierno, que también había firmado el decreto. 

Ahora fue el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos el que advirtió la ilegalidad y le marcó los límites al intendente de Cambiemos. Le ordenó dar marcha atrás la medida, advirtiéndole que resulta “lesiva para los intereses municipales”.

El organismo de control ordenó directamente a Maiocco “revocar” el decreto 377/18.

Según consideró el Tribunal, la obligación asumida por el intendente (pagar con fondos públicos la defensa de sus funcionarios imputados) implicaría un eventual “perjuicio fiscal” para el Municipio,  ya que existiría una ilegitimidad de origen “que potencialmente la hace lesiva a los interesas municipales”.

Además, le recordó al jefe comunal que “conforme el Código Procesal Penal de Entre Ríos, los honorarios profesionales de los letrados defensores particulares de cada imputado deben ser abonados por sus defendidos, y no por la persona jurídica en la cual se desempeñaban”.

Asimismo le señaló que en caso de que los empleados (funcionarios) no puedan pagar, el Estado les garantiza una defensa gratuita, como a cualquier ciudadano.

El Tribunal cuestionó también que Maiocco dispuso el uso de fondos públicos “sólo en beneficio individual de tales personas” (sus funcionarios), generando un gasto con dinero del Estado “sin contraprestación a favor del Estado Municipal”, lo que constituiría “un pago sin causa”.

Finalmente, el Tribunal de Cuentas le hizo una observación para el futuro: le ordenaron al intendente que si la causa penal iniciada contra sus funcionarios derivara en un reclamo económico de las víctimas al Municipio de Victoria, Maiocco deberá, en ese caso, remitir antecedentes nuevamente al Tribunal de Cuentas.

En ese caso, el organismo deberá “atribuir responsabilidades administrativas patrimoniales a los empleados y funcionarios que ocasionaron el daño, para recuperar las sumas liberadas por el Estado a quienes hubieran resultado lesionados por la posible acción negligente” de los imputados.