La decisión la adoptó el juez federal con competencia Civil, Daniel Alonso, por ser su colega Leandro Ríos uno de los denunciantes en el expediente, por las amenazas cometidas en la mañana del jueves 16 de agosto, cuando se le advirtió sobre la colocación de explosivos si continuaban con las investigaciones sobre el jefe narco, Daniel "Tavi" Celis. 

Se produjo en días previos a la determinación de la Cámara Federal de Apelaciones en torno a los procesamientos de Varisco, de la funcionaria Griselda Bordeira y del concejal Pablo Hernández (Cambiemos). Lo extraño del caso fue que el teléfono desde donde se hicieron las amenazas, desde alguna oficina municipal -tal como lo indicaban las pericias- no pudo ser hallado este viernes por la mañana por Policía Federal.

Según publicó El Entre Ríos, el periodista y director se la revista Análisis, Daniel Enz, recibió una amenaza telefónica por mensaje de texto ese jueves 16 de agosto, a las 9.30, desde un celular que pertenece a una flota de teléfonos de la Presidencia Municipal. Cinco minutos más tarde hubo una intimidación de similares características al juez federal Leandro Ríos, a su celular personal.

La vinculación con los Varisco llega porque en esos cinco minutos de distancia entre una y otra amenaza, desde ese teléfono municipal se comunicaron con Lucía Varisco, hija del intendente de Paraná y su secretaria privada, y luego con el teléfono del propio Sergio Varisco. Tras ello, se hizo la amenaza al juez Ríos.

Ese mismo día el juez federal que lleva adelante la causa narcomunicipio que involucra a Varisco, Bordeira y Hernández en negociados con la banda de narcotráfico que lidera Celis, radicó la denuncia por amenazas ante el juez federal de competencia Civil, Daniel Alonso y días después también compareció Enz ante el fiscal Carlos García Escalada.

La determinación del juez Alonso se produjo días después que el director de Análisis se constituyera como querellante en la causa, con el abogado Ramiro Pereira, quien en el escrito exigió el secuestro de los teléfonos que aparecían en el expediente, de acuerdo a lo investigado durante estas semanas por personal de Policía Federal. Cabe recordar que desde Análisis ya se abrió otra causa por amenazas telefónicas, pero en aquel caso contra el secretario de Medios y Comunicación Ciudadana, José Escobar.

En este contexto, este viernes por la mañana, poco después de las 10, personal policial se constituyó en la Presidencia Municipal, secuestraron los celulares personales de Lucía Varisco y del propio intendente. El celular desde donde se hicieron las amenazas, en cambio, nunca apareció.

Cabe indicar que amenazar a un juez en el marco de un proceso -como este caso Ríos- se entiende que constituye una "coacción agravada", por lo cual el Código Penal establece una pena severa para su autor, con una condena de prisión.