El Gobierno de La Rioja pidió este viernes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la "inconstitucionalidad manifiesta" del DNU 70/2023 de desregulación económica, que dicte una medida cautelar que suspenda de inmediato su aplicación y que asuma la "competencia originaria" para entender en el asunto, pero el máximo tribunal dio vista al procurador interino pero denegó abrir la feria.

La provincia de La Rioja hizo su presentación a través de una "acción declarativa de certeza" presentada por el gobernador Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra.

Además, se reclamó al máximo tribunal del país que habilite la feria judicial de enero que inicia la semana próxima para resolver la causa, en el primer planteo que llega de manera directa a la Corte contra el decreto del Gobierno de Javier Milei que empezó a regir desde esta medianoche, consignó Minuto Uno.

Como primera medida, la Corte Suprema dio vista al procurador interino, Eduardo Casal, para que determine si el conflicto es competencia o no del máximo tribunal, al tiempo que denegó abrir la feria aclarando que se "estudiarán las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero".

En la "acción declarativa de certeza" de La Rioja se pidió que se declare "la nulidad absoluta e insanable del decreto n°70/2023 por resultar manifiestamente contrario a la Constitución" y que de manera inmediata "se dicte una medida cautelar que disponga la suspensión total de los efectos".

También se solicita a la Corte Suprema que ordene al Poder Ejecutivo "no aplicar ninguna de sus disposiciones hasta la resolución definitiva de la presente causa".