El Ministerio de Salud evalúa cobrar la atención a extranjeros en hospitales públicos

Desde el inicio de la gestión al frente del Ministerio de Salud, Mario Russo lleva adelante un reordenamiento de los programas y partidas bajo su responsabilidad. El propio ministro le dijo a Infobae hace unas semanas último que ha detectado un enorme “despilfarro de recursos” en la cartera. El reordenamiento que plantea incluye la redefinición de competencias con las provincias, con el objetivo de optimizar la gestión y mejorar la eficiencia de la atención. “Hoy el sistema de salud está quebrado y nosotros vinimos a refundarlo”, le había dicho a este medio.

Ahora el Ministerio de Salud, avanza en ese plan de refundación, con el análisis de un proyecto de ley y otras medidas para cobrar la atención de salud a los ciudadanos extranjeros que no residan en el país y limitar la compra de ciertos tipos de medicamentos de alto costo.

En diálogo con este medio, el ministro dijo que tenía en la mira las erogaciones de gastos del Estado en la asistencia de personas no residentes, ítem que sumó a lo que consideró un “despilfarro” en el área que conduce.

“Otro ejemplo (para evitar el derroche de gastos) es el cobro a extranjeros en el sistema público argentino. Ahora, Salta, Neuquén y Mendoza empiezan a cobrar a extranjeros y esto ocurre por un cambio cultural. Es cierto que algunos nos juzgan como insensibles, las provincias empiezan a ordenarse también. Celebro que la PBA empiece a comprar medicamentos oncológicos, y que además lo anuncien. Entonces el concepto es redefinir y priorizar las políticas de salud de cada jurisdicción”.

Salta, Mendoza y Santa Cruz ya comenzaron a cobrar la atención médica en hospitales públicos a personas extranjeras. Además, otras provincias como Corrientes, Entre Ríos, Neuquén y Córdoba están considerando implementar medidas similares y han enviado proyectos de ley para ser tratados en sus respectivas legislaturas.

En Mendoza, el sistemacomenzó a regir el 1 de agosto, mientras en Salta, la implementación de esta medida redujo significativamente la atención a extranjeros, y en Santa Cruz, se espera que alivie el déficit financiero. En Jujuy, una ley de 2019 permite cobrar esos aranceles sin reciprocidad de atención médica, aunque acuerdos previos con Bolivia no se están cumpliendo actualmente.

En cuanto al pago de fármacos costosos, también Russo había adelantado una postura. Entonces consideró que el sistema de salud “no explota” porque “desde Nación pagamos los medicamentos de alto costo, o las vacunas como corresponde; pagamos los tratamientos caros, como los trasplantes. Entonces, viene una nueva etapa, el Ministerio de Salud no es una ONG benéfica, nosotros debemos ser vectores para ir ordenando el sistema con el financiamiento adecuado, con prioridades”.

El ministro dijo que una serie de proyectos para su área se comenzarán a impulsar tras la implementación de la Ley Bases, que fue aprobada el pasado 28 de junio por el Congreso Nacional y que poco a poco comenzó a ser reglamentada. “Luego de ese periodo, —sostuvo— vendrá mi propio paquete legislativo para profundizar los cambios en la gestión del Ministerio de Salud. Hay cambios que quiero implementar para profundizar el criterio de la descentralización, pero se necesitará un marco de leyes. Por ejemplo, el próximo 31 de julio vence la emergencia sanitaria en la Argentina, que hace más de 20 años está vigente. Es demasiado, hay que levantarla, buscar una solución y una reforma tributaria para el sector”.

La clave, cree el ministro, y lo repite como un mantra, es que la cartera nacional debe ejercer un rol de rectoría, de gran coordinador brindando lineamientos a las carteras sanitarias de cada jurisdicción. Para esto es necesario una “redefinición de competencias con las provincias” lo que implica hacer valer las prioridades con una mirada federal, no es lo mismo la agenda de la salud en el NOA, en el NEA o en la zona centro del país.

Se trata de la “refuncionalización de programas y de un recorte de estructura política”, además de la eliminación de subsidios al sector privado con el objetivo de lograr una asignación “más eficiente de los recursos con el foco puesto en la demanda”, es decir, en los beneficiarios. “En el sistema público no hubo control durante muchos años”, dijo.

Por los nuevos controles, se destacó en julio pasado un esquema de corrupción y desvío de fondos mediante la facturación de prestaciones médicas falsas por unos USD 3.400 millones, según el portavoz presidencial Manuel Adorni. Las irregularidades fueron detectadas en Agencia Nacional de Discapacidad, ahora bajo la órbita del Ministerio de Salud. La fiscalía de Guillermo Marijuán investiga los hechos, que incluyen una solicitud de pensión por discapacidad laboral utilizando la radiografía de un perro. Según la denuncia, se habrían detectado 500.000 pensiones falsas y gastos discrecionales en servicios de catering, impresión de remeras y contratación de artistas.

Russo afirma que su gestión nunca pondrá en riesgo la salud, pero está convencido de que hay que optimizar los presupuestos y empoderar a las jurisdicciones. “Como hace el modelo español y el europeo en general con el sistema público. Lo que es deseable implementar son mecanismos de control”, explicó.

Fue enfático al definir su objetivo final: es que el Ministerio de Salud cumpla un rol similar al de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Russo rediseñó en las últimas semanas el presupuesto de la cartera “para garantizar el normal funcionamiento” durante el ejercicio 2024, dijeron voceros del Ministerio. Las partidas ya fueron asignadas “en su totalidad, tal como fue solicitado”, remarcaron y señalaron que a esto “se sumó un refuerzo de 694 mil millones de pesos en julio y de 131 mil millones en junio.

Las fuentes detallaron que las “acciones priorizadas” dentro del las partidas de Salud se encuentran las siguientes áreas y programas

• El presupuesto para los Hospitales Nacionales
• Los programas de inmunizaciones
• La adquisición de medicamentos e insumos
• Los programas protegidos por Ley
• El financiamiento para el acceso de calidad a los servicios de salud de los sectores vulnerables sin cobertura, a través del Programa Sumar, donde está incorporado el abordaje del Dengue. Proyectos de Salud Digital y Formación Profesional.