El exgobernador y exembajador Sergio Urribarri; su cuñado Juan Pablo Aguilera y el exministro de Cultura y Comunicación, Pedro Báez, fueron intimados por la Justicia a que efectivicen el depósito de $20 millones cada uno en un plazo de 48 horas, en el marco del seguro de caución que se les impuso en la causa conocida como “Megajuicio”.

El 7 de abril de 2022, Urribarri recibió 8 años de prisión por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, e inhabilitado a ejercer cargos públicos, mientras que Báez y Aguilera fueron condenados a 6 años y medio de cárcel.

La decisión judicial fue confirmada por la Cámara de Casación Penal de Paraná el pasado 31 de mayo de 2023, y más tarde la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso de apelación de las defensas, que actualmente buscan llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese marco, los fiscales que llevaron adelante la investigación, Ignacio Aramberry, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull y Gonzalo Badano solicitaron la efectivización de las penas, medida que fue descartada por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.

Por un lado, los vocales Carolina Castagno y Julián Vergara rechazaron el pedido de prisión efectiva, mientras que su par Elvio Garzón fue el único que votó a favor, al considerar que “a todas luces” existen probabilidades de que se den a la fuga.

Posible fuga de Urribarri, Báez y Aguilera

“Poseen medios económicos, materiales y vínculos personales que podrían facilitar la salida de los mismos del país. En especial a los países limítrofes, como los que no permiten la extradición, como Brasil”, sostuvo al justificar su voto, y remarcó que la prisión domiciliaria “no resulta suficiente” para evitar la fuga ya que “fueron condenados por graves hechos de corrupción y la comisión fue sistemática, valiéndose de la estructura que funcionó aceitadamente durante más de cinco años”.

El único punto en el que coincidieron los tres jueces fue en no levantar el embargo que pesa sobre un inmueble de la empresa “Kriptax Inc. SA”, ubicada en Federación.

La solicitud la presentó Mauro Urribarri, exministro de Gobierno de Entre Ríos e hijo del exmandatario, como presidente de la firma de la que su padre es accionista, y que -según los registros- se dedica al negocio agropecuario y la adquirieron en 2008. Sin embargo, los jueces establecieron restricciones a los acusados: “hasta tanto la sentencia adquiera firmeza, deben fijar domicilio, concurrir semanalmente a la Fiscalía” y les pesa una “prohibición absoluta de salir del país o de su localidad de residencia”.

Además, entregaron sus pasaportes y se les aplicó una caución de 20 millones de pesos cada uno, que los abogados defensores ofrecieron pagar a través de bienes, entre ellos tres vehículos.

Nueva decisión judicial

Ayer, los tres jueces expresaron en un fallo que los vehículos “no vienen acompañados de la garantía real correspondiente y resultan insuficientes para el aseguramiento” de la caución, ya que “siquiera son de titularidad de los encausados, más allá que la legislación aplicable autoriza que la caución sea prestada por una tercera persona”.

Urribarri propuso un Volkswagen Taos modelo 2022 de titularidad de su hijo, Franco; Báez un Toyota Corolla 2015, de titularidad de Juana Labarba -(hija del publicista Ignacio Labarba-; y Aguilera un Fiat tipo PickUp de su hermano, Aníbal Edgardo.

48 horas

Finalmente, y teniendo en cuenta “el tiempo transcurrido desde el dictado de la resolución”, los jueces intimaron a Urribarri, Báez y Aguilera a que “en el plazo de 48 horas integren la suma fijada de 20.000.000 de pesos” cada uno.

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