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Un abogado hizo la presentación ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, por la contratación directa, de un ex funcionario -oriundo de Buenos Aires-, que por dicha suma le habrían asignado un trabajo de seguimiento y registro diario de las actividades del ministro de Seguridad de la provincia.
Entre Ríos02 de junio de 2025El abogado entrerriano Emmanuel Berta Schroder, pidió explicaciones ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos por la contratación directa -sin concurso-, de un ex policía federal (oriundo de Buenos Aires), quien percibirá más de 20 millones de pesos en un año, por un trabajo de seguimiento y registro diario de las actividades del ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia.
El letrado cuestionó la legalidad y transparencia de la medida, y solicitó detalles, tanto sobre el procedimiento general como sobre el decreto específico N° 819/25, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio, el 9 de abril, que autoriza este acuerdo con C.O.A. (iniciales de la identidad del contratado), domiciliado en Claypole, provincia de Buenos Aires.
Según el decreto, este ex policía federal fue contratado por un año, para realizar un seguimiento detallado de la agenda del ministro, que incluye elaborar reportes antes y después de cada actividad, identificar patrones de comportamiento en el entorno y aportar datos para mejorar protocolos de seguridad. Todo ello se encuadra en lo que el Gobierno calificó como “una obra”, aunque el Dr. Berta Schroder indicó a Diario Junio, que no corresponde usar ese término para este tipo de tareas, ni justificarlo bajo esa figura legal.
El Decreto se fundamenta en una cláusula legal que habilita contrataciones sin licitación, cuando las operaciones “deben mantenerse en secreto” (artículo 27, inciso c, punto 13 de la Ley 5140). Sin embargo, Berta Schroder remarcó que en los considerandos del decreto no aparece ninguna justificación de esa supuesta “secrecía”, ni tampoco existe una situación de peligro que justifique medidas extraordinarias.
Además, el profesional se preguntó cuál es la necesidad de contratar a una persona externa para realizar esta tarea, cuando el ministro ya tiene bajo su mando a toda la estructura de la Policía de Entre Ríos.
Otro punto señalado por el abogado, es la contradicción con las declaraciones públicas del propio gobernador Frigerio, que popularizó que desde enero de 2025 todos los ingresos a la administración pública provincial serían “por concurso público, transparente y abierto”, y que no habría más “contratos basura” o mal llamados contratos de obra.
Sin embargo, en este caso, la contratación se realizó de manera directa, sin concurso y sin que se explicite la razón de urgencia o confidencialidad, precisamente bajo la figura "de obra".
Asimismo, Berta Schroder presentó un pedido formal de acceso a la información pública, amparado en la nueva Ley Provincial N° 11.191, sancionada en noviembre pasado y publicada en el Boletín Oficial el 10 de marzo de 2025, pese a haber sido vetada parcialmente por el Ejecutivo.
En su presentación, el abogado se puso a disposición del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y remarcó que su reclamo busca ejercer el derecho constitucional a peticionar ante las autoridades, además de garantizar el control ciudadano sobre el uso de fondos públicos y los mecanismos de contratación estatal. (Fuente: Diario Junio)
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