La presidente del Cuerpo Legislativo local llevó el tema al recinto del Concejo, en oportunidad de hacer pública su posición respecto del proyecto de legalización del aborto que está próximo a someterse a votación en la Legislatura Nacional. Las manifestaciones se produjeron en ocasión de hacer uso de un artículo especial, que le permite a los miembros del HCD expresarse hacerte de cualquier tema ajena al Orden del Día.

Bajo la premisa “El derecho es vivir”, Hildermann indicó:

“Como Órgano Legislativo y a días de abordar una decisión trascendental en el Congreso de la Nación, debemos reflexionar sobre el valor supremo de la vida, como el mayor bien jurídico protegido y objeto de todas las garantías constitucionales que el Estado argentino está obligado a brindar a cada ciudadano, por el sólo hecho de ser una persona, sin sufrir discriminación alguna por sus características disimiles o evolutivas.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), la cual tiene rango supra constitucional, dispone en su art. 4, primer párrafo, que ‘toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la Ley, y en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente’.

Pero además, el art. 75 inc. 23, segundo párrafo de la Constitución Nacional, dispone que corresponde al Congreso: ‘Dictar un código de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia’.

El derecho natural y superlativo es a la vida, que es el fundamento de todos los Derechos Humanos, en tal sentido, la legislación debe tutelar la vida, ya que no hay derecho cuando la finalidad es la muerte.

Con este encuadre convencional y constitucional, la premisa mayor en nuestro estado de derecho debe ser proteger las dos vidas, tanto la de la madre como la del niño por nacer, ambos sujetos de derecho, que deben ser tutelados  por políticas públicas que prioricen su bienestar general como lo asigna nuestro preámbulo de la Carta Magna, y realmente le permitan desarrollarse íntegramente como seres humanos libres y dignos, con total acompañamiento del Estado a las mujeres en situación de vulnerabilidad y con verdaderas respuestas a problemáticas sociales y económicas que hoy nos atraviesan.

La cultura de la vida que debemos protagonizar en este tiempo de debate social, nos compromete a promover la dignidad humana en todos los órdenes, siempre haciendo crecer el valor de la vida y no ir en desmedro de ella a través de soluciones superficiales.

Con todo ello, fortalezcamos este derecho inalienable e imprescriptible, construyendo una sociedad más justa, que sostiene la vida familiar como núcleo básico para el crecimiento de un país y que respeta el desarrollo de todos los seres humanos por igual”.