Contundente rechazo de la Cámara Federal de Apelaciones a los planteos defensivos que pretendían que se anulen los procesamientos. Se ordenó avanzar en las filtraciones policiales.
Policiales/Judiciales27 de diciembre de 2025
En una resolución clave emitida el 26 de diciembre de 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná decidió rechazar los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Daniel Andrés Celis y otros nueve involucrados, confirmando así sus procesamientos, prisiones preventivas y embargos en el marco de una compleja causa por infracción a la Ley de Estupefacientes.
La disposición del tribunal, integrado por Beatriz Aranguren y el Mateo Busaniche, ratificó el procesamiento de Daniel Andrés Celis como organizador de actividades de comercio de estupefacientes. Para el resto de los imputados —entre los que se encuentran Teuco Román Celis, Pablo Maximiliano Ruiz Díaz y Walter Alfredo Ríos— la Cámara confirmó la coautoría en el delito de comercio de estupefacientes, doblemente agravado por la intervención de tres o más personas de manera organizada y por haberse servido de menores de edad para el tráfico.
Además de los procesamientos, las fuentes judiciales confirmaron el mantenimiento de las prisiones preventivas para asegurar los fines del proceso, citando la gravedad de los hechos y la logística de la organización. Los embargos también fueron ratificados por un monto de $7.020.000 para cada uno de los principales implicados.
Uno de los puntos más críticos de la resolución, y que ha generado gran preocupación en el Ministerio Público Fiscal, es la existencia de filtraciones de información sensible.
El Fiscal General, José Ignacio Candioti, advirtió formalmente sobre una filtración de datos relativos a los allanamientos dispuestos originalmente por el Magistrado de instrucción, Leandro Ríos. Ante esta situación, el fiscal consideró imperativo iniciar investigaciones para identificar a los responsables de haber alertado a la banda criminal.
Esta sospecha de “aviso previo” se vio robustecida por las propias escuchas telefónicas analizadas en las fuentes.
En una conversación de junio de 2025, uno de los imputados menciona explícitamente: “mañana a la mañana hay veinte allanamientos”.
El tribunal destacó que estas filtraciones demuestran que la organización contaba con vínculos y capacidad operativa suficientes para entorpecer la investigación, lo que justifica la necesidad del encierro preventivo.
La investigación, que comenzó en mayo de 2024, se valió de tecnología de avanzada como drones, dispositivos de geolocalización (GPS) y tareas de inteligencia.
Entre las evidencias más llamativas se encuentran los informes financieros de la policía provincial.
Según las fuentes, la cuenta de Mercado Pago asociada a Daniel Andrés Celis registró acreditaciones por más de 72 millones de pesos en un solo año, a pesar de no poseer actividad laboral registrada. De igual modo, su hijo, Teuco Román Celis, movilizó más de 50 millones de pesos a través de medios virtuales.
En los procedimientos se lograron incautar más de 1.300 gramos de marihuana y 235 gramos de cocaína, además de balanzas de precisión y máquinas de contar billetes.
Las escuchas también revelaron el modus operandi del líder, quien desde su lugar de detención dirigía la venta, llegando a discutir el precio del “huevo sucio” (presuntamente cocaína sin estirar) y enfatizando que su ganancia residía en el proceso de “lavado” o fraccionamiento de la sustancia.
Para consolidar la comprensión de este caso, podríamos decir que la organización funcionaba como una empresa con sucursales internas y externas: mientras el “gerente” (Daniel Celis) operaba desde la unidad penal, los “distribuidores” utilizaban filtraciones como un sistema de alarma para intentar vaciar los depósitos antes de que llegara la inspección judicial, consignó Ahora.
La decisión judicial la tomó el fiscal Claudio Navas Rial en el marco de una investigación por la deuda superior a los $19.000 millones.
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