El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria por 15 días en el conflicto en la fábrica de neumáticos Fate y ordenó dejar sin efecto los 920 despidos. Lo hizo tras convocar a la empresa y al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) a una audiencia de conciliación, con el objetivo de intentar acercar posiciones luego del anuncio del cierre definitivo de la planta.
La convocatoria fue realizada por la Secretaría de Trabajo, en un contexto de fuerte tensión en la fábrica ubicada en Virreyes, partido de San Fernando. Desde este miércoles, empleados se manifestaron tanto dentro del predio como en los accesos, con presencia policial, y algunos trabajadores permanecen en los techos como parte de la protesta.
Más temprano este miércoles, el cierre fue comunicado por la propia compañía a través de un escrito en el que informó el cese de actividades "a partir del día de la fecha", aludiendo a "cambios en las condiciones de mercado".
En el comunicado, la empresa repasó su trayectoria de más de 80 años, su perfil exportador y su rol en el desarrollo tecnológico del sector, al señalar que fue la primera en abastecer neumáticos radiales a la industria automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, con presencia en Europa, Estados Unidos y América Latina.
La crisis de la compañía no es reciente. Según indicó la firma, el proceso comenzó en 2019 con la reducción de 450 puestos de trabajo y continuó en años posteriores. En julio de 2024, ya bajo la gestión de Javier Milei, solicitó la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) tras una fuerte caída de ventas y la pérdida de mercados de exportación luego del conflicto gremial de 2022. En ese contexto, reportó pérdidas superiores a los 30 millones de dólares en la primera mitad de 2024 y una caída del 30% en la demanda interna, consignó Cadena3.
Desde el sindicato cuestionaron la legalidad del cierre. El secretario general del SUTNA, Alejandro Crespo, sostuvo que se trata de una decisión "totalmente ilegal" y aseguró que la empresa no cumplió con los procedimientos correspondientes. También reclamó la intervención del Gobierno y advirtió sobre el impacto social del conflicto. Según el gremio, los trabajadores llevan 14 meses sin aumentos salariales y niegan que esa situación sea el origen de la crisis.
El conflicto escaló en las últimas horas con un episodio judicial. La Policía Bonaerense informó que Crespo y otros 14 empleados ingresaron al predio tras cortar el alambrado perimetral, lo que motivó una intervención de la fiscalía. El fiscal Marcelo Fuenzalida ordenó la identificación de los involucrados por el presunto delito de turbación de la propiedad. El dirigente sindical fue inicialmente detenido y luego liberado.
Por su parte, el delegado de la empresa, Miguel Ricciardulli, señaló que la actividad venía mostrando signos de deterioro en los últimos meses y remarcó que una gran parte de los empleados afectados tiene alrededor de 45 años y más de dos décadas de antigüedad en la compañía.
