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Mauricio Marcelo Mayer, vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones Nº 7, condenó a tres exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Económico y a un colaborador externo por el delito de peculado reiterado. Los imputados admitieron haber montado una estructura delictiva que sustrajo 100.886.792 pesos del patrimonio provincial a través de la simulación de 319 créditos del programa “Joven Entrerriano”.
La sentencia a la que tuvo acceso AHORA detalla el mecanismo utilizado por los delincuentes para sustraer fondos públicos. Además detalla como funcionaba la estructura montada para robar dinero. También se describe en el fallo de 44 páginas como los condenados buscaban personas vulnerables, con consumos problemáticos, en situación de calle o simplemente desocupadas.
El Ministerio Público Fiscal encabezado por Gonzalo Badano identificó como los principales responsables y organizadores de la maniobra a tres funcionarios que ocupaban cargos estratégicos en la entonces Secretaría de Desarrollo Económico y Emprendedor: el escribano Pedro Fernando Gebhart, quien se desempeñaba como secretario del área y considerado la autoridad máxima de la organización.
Según la sentencia, Gebhart no solo firmaba y autorizaba los expedientes falsificados, sino que era el destinatario final de la mayor parte de los fondos sustraídos y quien planificaba las tareas de la organización, como el uso de facturas falsas y la compra de líneas telefónicas para simular emprendimientos inexistentes.
El juez destacó como agravante que Gebhart se desempeñaba simultáneamente como escribano público, una profesión cuya esencia es dar fe de la veracidad de los actos.
En segundo lugar aparece Cristian Silvestre Klein, quien se desempeñaba como Director de Evaluación y Seguimiento de Proyectos. Junto con Claudio Alberto Rosas Vico, era un eslabón clave para que los expedientes fraudulentos avanzaran internamente sin controles ni complicaciones.
Rosas Vico, se desempeñaba como Director General de Desarrollo Económico y Emprendedor (hasta hace muy poco perteneció al gobierno provincial). Su rol consistía en certificar copias de DNI de los supuestos emprendedores y emitir informes favorables para proyectos que, en realidad, eran ficticios.
Alejandro David Usatinsky, actuó como partícipe necesario y nexo imprescindible entre las autoridades y los reclutadores de personas en el territorio.
La mecánica del delito consistía en una simulación sistemática. La organización operaba mediante un “conjunto sistemático de maniobras” diseñadas para burlar los controles del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado.
El proceso, según la sentencia, se dividía en varias etapas. La primera era la captación de “beneficiarios”. Un grupo de reclutadores integrado por Lucila Magallanes, Aranzazú Acosta, Paula Yonas, Pablo Frutos, bajo la coordinación de Matías Balbuena buscaban a personas en situación de vulnerabilidad económica o desempleo.
Estos “punteros”, que aún esperan ser juzgados, se encargaban de captar a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica, a quienes engañaban prometiéndoles ayudas estatales o pidiéndoles sus cuentas bancarias para movimientos personales.
El papel de Balbuena fue señalado por testigos como clave en la entrega del dinero en efectivo a Pedro Gebhart. Pese a que Balbuena alegaba quedarse con una comisión mínima, los beneficiarios cuestionaban su estilo de vida ostentoso, destacando que poseía vehículo propio y comía fuera todos los días, mientras que ellos apenas recibían sumas marginales.
En esta estructura también apareció la figura de “el Mago”, un sujeto apodado de esa manera que operaba en bares locales céntricos de Paraná. Según la declaración del testigo, fue “el Mago” quien le ofreció el negocio de prestar su cuenta bancaria y quien luego lo esperó en la Plaza de los Bomberos para retirar la mochila con el dinero público sustraído.
Ahí comenzaba el armado de expedientes ficticios. Con los datos obtenidos, los funcionarios elaboraban proyectos de emprendimiento inexistentes. Incluían firmas apócrifas, facturas truchas y declaraciones juradas falsas para justificar la supuesta inversión de los fondos.
Una vez aprobado el crédito, los reclutadores acompañaban a los beneficiarios nominales a las sucursales bancarias. Tras retirar el dinero por ventanilla, el beneficiario debía entregar la totalidad del monto —generalmente en mochilas o bolsas— al reclutador. A cambio, la persona recibía una “comisión” marginal de entre 6.000 y 50.000 pesos, mientras que el resto del dinero era canalizado hacia los imputados.
Para ocultar la falta de devolución de los créditos, la organización simulaba enviar intimaciones de pago a correos electrónicos inexistentes y generaba informes falsos asegurando que los emprendedores estaban al día para habilitarles incluso un segundo crédito.
Los cuatro implicados fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. Además de realizar trabajos comunitarios, la sentencia los obliga a pagar solidariamente la suma de 100.886.792 pesos en concepto de reparación económica al Estado provincial en un plazo de 60 días hábiles.
Este monto se considera un pago a cuenta, ya que la Fiscalía de Estado mantiene abierta la vía para perseguir una reparación integral por el daño causado. Los condenados son personas con un poder adquisitivo importante: propiedades, automóviles, lanchas entre otros bienes.
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