El procurador General del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Jorge Amilcar García, se refirió a la situación que vive la Municipalidad de Paraná con el procesamiento del intendente, Sergio Varisco, las detenciones del concejal Pablo Hernández y la funcionaria Griselda Bordeira, y la imputación del concejal Emanuel Gainza, en una causa por narcotráfico; a lo que se sumó la semana pasada la detención del secretario de Medios, José Escobar, por intentar borrar pruebas en una investigación por amenazas. Ante ello, analizó que “esto es competencia de las propias personas por llegar a esta situación” y afirmó que “desde que logramos la condena de (Daniel Tavi) Celis hasta hoy, hay una continuidad donde hay muchas responsabilidades de todas estas personas que están involucradas en este proceso, no es un capricho de la justicia ni federal ni local”. Consultado por la existencia de una suerte de “avasallamiento y persecución” de la Justicia hacia el poder político, García definió que “la política tiene que entender que el Poder Judicial es independiente, lo que quiere decir que tiene su propia autopoiesis que es la de las normas, y fundamentalmente la de la Constitución: si no investigamos cometemos el delito del artículo 274, que es precisamente el no investigar”. “No podemos no investigar y decir que es una cuestión de la política. El límite del principio de la división de poderes está en el Código Penal y si las personas incurren en el Código Penal no hay otra herramienta más que la de investigar”, aseguró. Asimismo, afirmó que “siempre fueron una prioridad las causas de corrupción porque si no eliminamos el ámbito de la corrupción no podemos construir una institucionalidad seria”. Adelantó además que “la próxima semana o inmediatamente después de la feria judicial” se elevará a juicio la causa por sobreprecios en obras de pavimentación en la que está imputado el intendente de Seguí, Cristian Treppo, a quien se le sumará “la causa penal por falso testimonio en la causa Alanis”.
En declaraciones realizadas al programa En el Dos mil también (FM Litoral) García se refirió a la detención de José Escobar y sostuvo que “más allá del caso en particular, las normas primarias que mandan conductas en el caso penal de los más graves atentados a la convivencia tienen lo que se llaman norma de flanqueo, para asegurar que eso no quede en agua de borraja”.

“Sobre la conducta que se le imputa a este hombre, que no tengo idea quien es y solamente lo vi en el video que me mostraron los fiscales de la sesión en el Concejo Deliberante –que es en todo poco edificante- las normas de flanqueo tienen la salvaguarda del accionar de los funcionarios o de la propia justicia. Si esta conducta se la hubiésemos imputado a un tercero hubiera cometido el delito de encubrimiento porque estaría borrando huellas de un posible delito, pero como se lo imputan al mismo autor, el encubrimiento no es ilícito penal en sí pero tiene una consecuencia procesal: puede perder la libertad en el proceso, y eso es lo que motiva esta resolución”, explicó.

A modo de ejemplo, comparó con lo sucedido en el caso (del ex titular de Obras Sanitarias, Hugo) Righelato que fue detenido intentando llevar elementos de prueba a otro domicilio o en casos de violencia de género, donde el acusado vuelve a intentar agredir a su víctima y allí puede ser pasible de perder su libertad.

Además, dijo que “no es cierto” que el funcionario no estuviera notificado de las denuncias y acotó que “en los hechos, lo que ocurrió fue que hizo esperar a la comisión que lo fue a detener a su domicilio un largo tiempo y alegó que no había escuchado pero al ver que había intentado borrar todos los mensajes, nos dimos cuenta que era eso lo que estaba haciendo”.

En cuanto al trabajo de la justicia, sostuvo que “esto competencia de las propias personas por llegar a esta situación. Desde que logramos la condena de Celis hasta hoy hay una continuidad donde hay muchas responsabilidades de todas estas personas que están involucradas en este proceso, no es un capricho de la justicia ni federal ni local”. Al respecto recordó que tras la detención de Celis en la causa por el robo de Diamante “comienzan a parecer todos los chisporroteos entre varios personajes vinculados al área comunal y este hombre, donde se exigían lealtades y pactos no cumplidos, etc”.

En contraposición, y respecto de otros funcionarios y ex funcionarios procesados en otras causas –como el caso de Juan Pablo Aguilera en causas de corrupción- pero que no están detenidos, precisó que “ninguno de ellos intentó borrar huellas” y confirmó que “a todos se les incautaron los teléfonos celulares y las pruebas contundentes que tenemos respecto de la elevación a juicio de la causa conocida como “de la vaca” se encontró hasta el disco duro de la computadora que lo llevan a (el publicista José María) Bustamante, que era uno de los que estaba en el negocio con la simulación de la publicidad, a lograr un juicio abreviado”

En relación con esta causa concreta, que tiene como imputados al ex gobernador Sergio Urribarri, a su cuñado Juan Pablo Aguilera, al ex ministro de Comunicación y diputado provincial, Pedro Báez, entre otros, dijo que “lo que se concretó es el rechazo reiterado de esta argumentación defensiva de que los fiscales no podían actuar mientras el tribunal de Cuentas no detectara irregularidades, lo que nos parece una petición casi ridícula” y “está en análisis toda la prueba que estaría terminando este viernes y también sale el pedido de desafuero para el ex gobernador”.

Consultado por la sensación que recorre a los distintos actores de la política local respecto a una suerte de “avasallamiento y persecución” de la Justicia hacia el poder político, García definió que “el negacionismo es un defecto que cuando es muy grave llega a ser la mentira de Auschwitz, que es punible en Alemania”. “Entre nosotros es bastante discutible el delito de apología del delito, pero la política tiene que entender que el Poder Judicial es independiente, e independiente quiere decir que tiene su propia autopoiesis que es la de las normas, y fundamentalmente la de la Constitución: si no investigamos cometemos el delito del artículo 274, que es precisamente el no investigar, con lo cual tenemos el deber de investigar”, sentenció.

“No podemos no investigar y decir que es una cuestión de la política. Por supuesto, que hay decisiones que van en el marco de la política y que no digo que no sean judiciables pero se debe respetar el ámbito. Por ejemplo, el Memorándum de Irán –más allá de cualquier gobierno que lo hubiera hecho- es una cuestión de entendimiento del ámbito de la política. Una ley que nos guste más o menos al Poder Judicial no va a determinar que declaremos inconstitucional esa ley porque no nos gusta. El límite del principio de la división de poderes está en el Código Penal y si las personas incurren en el Código Penal no hay otra herramienta más que la de investigar”, reflexionó el procurador.

Además, analizó que “en el propio internismo de la política –que también se traslada al plano e los medios se da la cuestión de que todo se traduce a quien es amigo o enemigo, esta noción schmitiana de la política que se pretende trasladar al Poder Judicial, y eso es incorrecto porque todos tenemos nuestra postura política –nadie se chupa el dedo- pero cuando tienen que manejarse dentro de la autopoiesis del Poder Judicial, es que de las normas, tienen un encastre normativo del cual no se pueden salir. Se está trasladando un lenguaje de la política que es inadecuado en el lenguaje del Poder Judicial”.

“Cuando esto no se entiende sucede como con (Domingo Daniel) Rossi, que todavía sigue pensando que el tribunal lo condenó al enriquecimiento ilícito porque había una interna con otros sectores del peronismo, y yo no tengo ni idea como son esas internas pero lo que sí sé es que ante el derecho penal el Poder Judicial tiene que actuar”, ejemplificó.

En ese marco, afirmó que en la justicia provincial “estamos pagando el costo todos los días de Comodoro Py, de (el ex juez, Norberto) Oyarbide pero esto no tiene nada que ver con el Poder Judicial entrerriano”.

No obstante, advirtió que “en el ámbito de la discusión política los sectores políticos muchas veces hacen algo que es nefasto: decir conozco a fulano fiscal, fulano juez, o miembro del Superior, entonces me manejo con ellos y manejo el Poder Judicial, lo cual es mentira porque el encastre normativo impide esto”. “Y más allá de todo esto, Paraná sigue siendo aquella localidad pequeña en donde nací en el año 54, en un chalet que está enfrente del Rosedal, y todavía podemos conocer algunos entretelones. Esto nos e trata de la moralidad mayor o menor que existe en el Poder Judicial sino del encastre de las normas que no permite que uno se salga de ese lugar”, acotó.

Sobre la cuestión nacional, cuestionó a la diputada Elisa Carrió que denuncia desde hace tiempo que (Daniel) “Angelici es un operador del poder político en la justicia” y criticó que “Carrió no predijo el apocalipsis porque no era nacida”. “Si uno patea 200 veces a un arco grande, alguna se acierta; y nunca ha dado una sola prueba de nada más que hablar de catástrofes, pero es cierto que en la comunidad de la opinión se manejan estas cosas, pero esto es descartable”, definió.

Consultado por un posible “apuro” para resolver causas ante su inminente jubilación, García aseveró: “Las condenas a Rossi, a (el ex funcionario Oscar) Mori, la causa (del ex vicegobernador Héctor) Alanis son muy anteriores al tiempo cercano a mi jubilación. Sucede que algunos que se han empecinado en contestar lo que yo digo, dicen que nunca fueron una prioridad nuestra, cuando en realidad siempre fueron una prioridad las causas de corrupción porque creo que si no eliminamos el ámbito de la corrupción no podemos construir una institucionalidad seria”. “A fin de 2019 ya me puedo retirar con el 85 por ciento del haber así que no tengo ningún apuro por ninguna causa. Pero además, toda la gente que trabaja en la Fiscalía es una red y estamos todos con la misma camiseta”, advirtió.

Cumbre del Mercosur

Sobre los pedidos a AFIM y ATER para determinar los impuestos de las empresas que participaron en las obras de la Cumbre del Mercosur, explicó que “eso es parte de las pericias que se están llevando a cabo”. “La causa de la Cumbre está esperando por unas pericias porque lo que se está investigando es un sobreprecio muy grande que se dio en un ámbito bastante acotado de la contratación, pero son tan angurrientos los empresarios entrerrianos que participaron en esta ocasión, que ni siquiera en esa mini cumbre para comprar flores y pasto duplicaron cosas que pagó el Estado”, aseveró.

“Por eso, se pidió esto para que quede todo bien documentado y no quede como un capricho nuestro”, agregó.

Fiscalía Anticorrupción

Consultado por las iniciativas legislativas al respecto, dijo haber tenido “contacto con los diputados que tienen esa tarea” y opinó que “originariamente en la ley de Ministerio Público que es reglamentario del artículo 208 de la Constitución, había un acápite sobre la Fiscalía de delitos contra la administración pública, llamada anticorrupción, que finalmente no salió”. “Lo que queremos llevar allí no es tanto una declaración principialista sino fundamentalmente dotar al ámbito de la investigación de la administración pública de contadores y expertos en informática para hacer más ágil y no depender de los colegios profesionales ni del tribunal de Cuentas sino tener el personal propio”.

Sobreprecios del pavimento en Seguí

Sobre esta causa puntual, García afirmó que “en términos judiciales, el intendente Cristian Treppo va a juicio y la remisión a juicio será la próxima semana o quizás después de la feria e esta causa por sobreprecios que es muy parecida a la que tiene el ex vicegobernador Daniel Rossi en Santa Elena o (Raúl) Riganti en Larroque, donde fue el mismo mecanismo y la pavimentación era de oro porque cada cuadra valía millones”.

“Como el intendente no tiene fueros, a Treppo lo vamos a ver en juicio en poco tiempo, pero a eso se le sumará la causa penal por falso testimonio en la causa Alanis, ya que ha vuelto a incurrir en falso testimonio cuando declaró por escrito en esa causa, porque era funcionario del Tribunal de Cuentas y fue quien cerró los ojos para la posibilidad de que se controlara lo que se hacía en el Senado”, concluyó.