El Sindicato Único de Controladores de Admisión y Permanencia de la República Argentina (Sutcapra) - Delegación Entre Ríos, hizo pública la polémica que desembarcó hace unas semanas en Crespo y que encuentra posturas encontradas por estos días.

El titular de dicho gremio, Sebastián Miccelli, explicó a FM Estación Plus 94.3: "Nosotros nucleamos a lo que mal es llamado popularmente 'patovica'. Desde hace bastante tiempo trabajamos hasta lograr la sanción de la Ley Nacional 26.370, que fue sancionada en mayo de 2008 por el Congreso de la Nación y desde entonces trabajamos en la Provincia para que entre otras cosas se blanquee al personal, lo cual le otorga derechos y obligaciones. Se ha logrado en varios departamentos avanzar en lo que es la actividad específica. En Crespo hemos hablado con algunos empresarios de la noche, quienes han decidido acogerse a la ley y blanquear el personal de Controladores de Admisión y Permanencia, pero se han encontrado con el problema -hace tres semanas- de que la policía se negara a hacerles el contrato de adicional. Es un error garrafal. Intervenimos con el abogado del gremio, se habló con el Jefe Departamental Marcos Antoniow, se comprometió a solucionar el tema y de hecho, se llegó a un acuerdo y se le hizo a este señor el contrato, para que hubiera policía adicional de la puerta hacia afuera y de la puerta para adentro, como lo indica la ley aludida, que haya controladores de admisión y permanencia, dependientes de empresas habilitadas. Sin embargo, recientemente se les comunicó que la Municipalidad no está adherida a la Ley Nacional y que tienen una ordenanza que dispone que tengan policías en el establecimiento o se los van a cerrar. Un empresario fue a la comisaría a hacer el contrato adicional y lo notifican de esta cédula, que tendría que haberlo hecho la propia Municipalidad y la policía también lo notifica de que si no cumple con la ordenanza, no le harían el contrato".

"No entendemos por qué el enzañamiento contra los controladores de admisión", dijo Miccelli y agregó: "No entendemos el sustento jurídico, cuando la Provincia está adherida a la Ley Nacional en su totalidad. Ellos no pueden sacar una ordenanza diciendo eso, para colmo en la parte o el aspecto más grave, porque la Ley 26.370 dice que ningún funcionairo puede trabajar como controlador en un boliche o pub, como tienen en esa ciudad".

"Es una situación desagradable para el empresario, que por acogerse a la ley, lo estén por clausurar", disparó el titular del sindicato y defendiendo a los trabajadores del rubro que representa, expresó: "En este momento del país en el que la situación está complicada, el trabajo en negro crece, que se avasalle el trabajo genuino y en blanco, no lo entiendo. Por qué se niegan a esto que favorece a todos. No se trata de encontrarse con un patovica que no se sabe quién es, si se capacitó y demás, muy por el contrario, el Controlador de Admisión y Permanencia es una persona totalmente identificada, sin antecedentes, capacitado para la seguridad de quienes asisten a actividades o divertimentos sociales, hasta el empresario se deslinda responsabilidad, porque el personal pertenece a una empresa, con seguro, ART. No sabemos por qué buscan un chivo expiatorio para impedirnos trabajar", concluyó.

Cabe consignar, que la Legislatura Provincial sancionó la Ley Nº10.517, que en su artículo 3º "invita" a los municipios y comunas a adherir, pero la ciudad no atravesó dicha instancia legislativa. Esa situación sería por estas horas el centro de discusión entre las partes.

De hecho, actualmente la normativa local de referencia para la situación planteada, es la Ordenanza 89/16, que en su artículo 19º establece: "Los propietarios de los locales comprendidos en el Art.2º deberán contratar personal de seguridad suficiente para garantizar que no se cometan daños a personas y/o cosas dentro del local y en sus inmediaciones, durante el horario de funcionamiento del local y hasta el cierre. Dicha seguridad deberá ser prestada por policía adicional permanente".