Echaron a una jueza de Faltas e investigarán presunta corrupción

Entre Rios 31 de enero de 2021
Inusual decisión política. Un municipio entrerriano dejó sin efecto la designación y llevará a la justicia penal las sospechas.
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El intendente de Paraná, Adán Humberto Bahl, ordenó la realización de una información sumaria en el ámbito del Juzgado de Faltas N° 3, y decidió echar a la titular de ese juzgado, Silvina María del Luján García, al dejar sin efecto “la designación dispuesta por decreto N° 66/15 de fecha 18 de diciembre de 2015”, durante la administración de Sergio Varisco.

Pero además, la Municipalidad de Paraná radicará una denuncia penal por una serie de hechos sospechados de corrupción que ocurrieron en el Juzgado de Faltas N° 3 y que quedaron al descubierto en noviembre último cuando un ciudadano se presentó a recuperar un vehículo secuestrado en un operativo de tránsito y habló de pagos por izquierda y libre deudas otorgados en forma exprés, hechos que salpican la gestión de la ahora exmagistrada. En esos casos, dicen desde el gobierno de la ciudad, hay implicados empleados del área de Tránsito.

García ocupaba la titularidad del Juzgado de Faltas N° 3 en forma provisoria y su situación fue siempre motivo de conflictos, el más notorio fue consecuencia del enfrentamiento entre la exviceintendenta Josefina Etienot y el exintendente Sergio Varisco.

La jueza García tuvo una estrecha relación con la administración Varisco: fue garante en el alquiler de la vivienda que ocupara el ex intendente Serio Varisco en donde Enersa comprobó una conexión ilegal a la red de energía. Por ese caso, el exjefe comunal y su pareja, la actual concejal Claudia Acevedo estuvieron al borde del juicio oral, aunque al final concluyó en probation, y de ese modo evitaron el escarnio.

A pesar de la insistencia de Varisco, el Concejo Deliberante nunca le dio el acuerdo para ocupar el cargo de jueza de Faltas N° 3. Los intentos del jefe comunal chocaron, además, con una resolución adoptada en abril de 2019 por el camarista Andrés Marfil, que hizo lugar  la acción de amparo promovida por las abogadas Agustina Melini Alvarez, María Beatriz Lorenzón y Yanina Lucrecia Jaurena. Además, hay una causa que tramita la Cámara Contencioso Administrativa.

En la causa judicial se presentó la expresidenta del Concejo Deliberante, Josefina Etienot, que dio cuenta que el exintendente envió al cuerpo deliberativo la resolución N° 30 “por la cual propone a la Dra. Silvina María del Luján García como Juez titular del Juzgado de Faltas N° 3 de la Municipalidad de Paraná, y solicita el acuerdo del Cuerpo del Honorable Concejo Deliberante para su designación por votación de mayoría de Concejales”. Pero que al advertir la existencia de reclamos no resueltos de otras interesadas en cubrir el cargo de juez de Faltas dispuso anexar los antecedentes existentes en el Concejo. Y no dar acuerdo.

Amparado en esa situación de transitoriedad del cargo de la jueza García y las sospechas sobre un actuar reñido con la legalidad, el intendente Bahl decidió anular su designación.

El decreto N° 91 toma los argumentos de un dictamen del secretario Legal de la Municipalidad, Pablo Testa, y señala que “si se procedió a su nombramiento interino, se entiende que el Poder Ejecutivo mediante el acto administrativo correspondiente debería remover del cargo preventivamente a la Dra. Silvina María del Luján García (…) al aparecer indicios de una ausencia de buena conducta y ceñimiento a aspectos legales” por parte de la magistrada.

La medida se adoptó en el marco de una investigación que tuvo un inicio azaroso en el ámbito de la Municipalidad de Paraná. Sucedió que un ciudadano, Tomás Valentín Banegas, llegó a la Mesa de Entradas del Juzgado de Faltas y pidió un turno “para la devolución de su vehículo, retenido el 14 de noviembre”.

Todo se disparó a partir de la presentación de un ciudadano que fue a reclamar un vehículo secuestrado por inspectores en operativos de rutina de control de tránsito.

Cuando se presentó a pedir que le devuelvan el vehículo retenido en un operativo, el 20 de noviembre, los empleados le informaron a Banegas que debía abonar una multa de $61 mil. La perplejidad se hizo lugar cuando el hombre contó que el 3 de septiembre de 2020 había podido recuperar una moto retenida sólo con el pago de $10 mil “a un empleado del Juzgado de Faltas sin más detalle; y que desea volver a arreglar lo que debía”.

El alerta de la situación enojosa lo dio Mariela Ballesteros, jefa del Departamento Acreditación y Financiación de Pagos y directora de la Mesa de Entradas Única de los Juzgados de Faltas. Así, luego del reclamo, se investigó en el sistema informático y se encontró la resolución de la jueza García de “eximir de sanción y devolución” de la moto mencionada por Banegas con un detalle peculiar: se autorizó a retirar el motovehículo secuestrado a un empleado municipal, Guillermo Lazaneo, que luego lo entregó en el domicilio de su titular. La jueza García había borrado de un plumazo la deuda por multas y había otorgado un libre deuda.

El decreto firmado por Bahl detalla que en el expediente “no obra autorización» de Banegas a Lazzaneo “para que trámite el Libre Deudas y proceda al retiro del bien”. El detalle abre un panorama más preocupante: la implicación de empleados de otras áreas en maniobras irregulares.

Banegas concurre el 20 de diciembre al Juzgado de Faltas y fue recibido en audiencia por el juez de Faltas Amado Siede. En esa oportunidad, describe “que había sido anoticiado de una multa de $61 mil y que le habían ofrecido” retirarla, extendiéndole el Libre Deuda, y entregándole la moto retenida, la que fue llevada a su domicilio”.

El decreto firmado por Bahl señala que “la magnitud de las conductas y sus consecuentes responsabilidades ameritan una investigación disciplinaria que permita mensurarlas en todos sus extremos, toda vez que puedan proyectarse consecuencias administrativas graves y de índole penal”.

El dictamen del área legal de la Municipalidad señala que “en primer lugar se deber determinar las circunstancias de modo, tiempo y espacio que aconteció en la especie, hecho concreto, para desde allí analizar posibles autores y en su caso, grado de responsabilidad, de forma de poder discernir responsabilidades emergentes”.

Y que “debe procederse a la denuncia penal ante el supuesto injusto cometido, bajo la tipicidad de cohecho». Esa denuncia penal, dijo Testa a Entre Ríos Ahora, se hará el lunes. (Entre Ríos Ahora)

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