El oficial de la Policía provincial Ángel Gerardo García escuchó atentamente cómo el fiscal Federal, José Candioti, lo acusó del delito de Trata de persona con fines de explotación sexual. El experimentado fiscal destacó que existe abundante prueba para pedir y fundamentar una condena de 11 años de cárcel contra García, quien se encuentra detenido.
A su turno, el defensor, el abogado paceño Manuel Valle, expuso su hipótesis del caso. Negó la imputación, aseguró que “no hay prueba contundente”; y que todo es una falsa acusación de la mujer porque “preparó el terreno” para separarse del tratante.
El próximo martes 30 a las 12 se conocerá el veredicto del juez de Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, Roberto López Arango.

Numerosas pruebas
Según reprodujo el sitio Análisis Digital, Candioti, pidió 11 años de prisión para el policía Ángel Gerardo García de Santa Elena.

Candioti también solicitó a López Arango que García ponga a disposición de la mujer un auto Volkswagen Bora, como modo de reparar la violencia económica. Remarcó que la víctima fue sometida a múltiples violencias y que psicólogas dieron cuenta de la supresión de sus rasgos de identidad. “Se trató a la víctima como mercancía. Es un caso patente de cosificación, y se afectó su dignidad. García actuó concientemente, sabía la ilicitud de lo que hacía y la finalidad de todo era la explotación sexual”, dijo Candioti.

Precisó que la configuración del delito se dio con cuatro agravantes: la víctima era pareja y conviviente del victimario; él es oficial de la Policía de Entre Ríos; la víctima estaba en situación de vulnerabilidad y él abusó de esa condición; y la explotación sexual se consumó. “Nunca tuvimos un caso en el que se den tantos agravantes como en este”, consideró el fiscal, que en su alegato citó variada jurisprudencia del propio TOF de Paraná.

Durante su alegato, según Análisis Digital, el fiscal Ignacio Candioti calificó al hecho juzgado de “deleznable”. “García aprovechó su condición de policía”, apuntó y recordó que durante las jornadas pasadas, se supo que apagaba cualquier intento de rebelión por parte de la mujer diciendo que “tenía contactos”. Dijo que este caso es asimilable a otros que ya se juzgaron en el TOF, dado que la explotación sexual no se consumó en un prostíbulo sino “en la calle u hoteles”. “Me recuerda al caso Martínez que llegó a prostituir a una adolescente en una carpa, detrás de la Casa de Gobierno”, aludió al recordado caso que saltó a la luz en 2014 y se juzgó en 2016.

No tengo dudas que García es el autor y responsable de la modalidad de ofrecimiento y traslado agravado por la vulneración de la víctima, porque ella era su cónyuge, porque él es oficial de la Policía; y porque la explotación sexual se consumó”, puntualizó el representante del Ministerio Público Fiscal.

La defensa
El defensor Manuel Valle pidió la absolución de García porque “faltan pruebas contundentes”. Cuestionó al área de Asistencia a la Víctima y dijo que “no se puede esperar de esa oficina un informe imparcial”. “Se trataba de una familia con muchos conflictos internos”, manifestó y aseguró que M.E era “independiente y trabajaba vendiendo rifas”. Calificó en reiteradas oportunidades de “absurda” la acusación fiscal. “No se ha probado la imputación y ante la duda no cabe otro remedio que la absolución de imputado”.

Más adelante preguntó ¿cómo llegamos a esto? y respondió: “Había una pareja con un conflicto y ella no sabía cómo resolverlo. ¿Qué hizo? Hizo papeles en Anses para cobrar la Asignación Universal, recibe becas para los hijos, abrió una caja de ahorro y pasó el auto Bora a su nombre. Ella no sabía cómo decirle que se quería separar y preparó el terreno. Después se llevó todo, se quedó con todo”, acusó.

Durante sus últimas palabras en el debate, García mencionó: “Soy inocente y esto es algo armado, no entiendo nada, es lo único que puedo decir. Si vieran mi situación, no entiendo, no llegó a comprender. Nunca hice eso que dice mi señora ex suegra. Todo lo que están diciendo son calumnias e injurias contra mi persona. Vengo de una familia bien constituida. Soy inocente”.

El llamado de auxilio
Un llamado a la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas damnificadas por el Delito de Trata fue el principio del fin del infierno que vivió durante una década una mujer de Santa Elena; y también para su esposo Ángel Gerardo García, quien la sometió a la explotación sexual y a todo tipo de violencias. Fue el 10 de abril de 2019 y pocos días después la víctima fue rescatada y el oficial de la Policía provincial, detenido y encarcelado.