El conflicto alrededor de la destitución de la presidenta comunal de Gobernador Etchevehere, Verónica Araujo (Juntos por el Cambio), sumó un nuevo capítulo este viernes. 

La suspensión de la destitución fue resuelta por la jueza de feria María Alejandra Abud este viernes, según el fallo al que accedió Entre Ríos Ahora. La resolución fue en respuesta a una acción de medida cautelar innovativa que presentaron los abogados de Araujo, Matías Plugoboy y Esteban Leonel Rodríguez. El próximo paso de los representantes legales es una acción de conflictos de poderes ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ). El conflicto de poderes es entre el Consejo Comunal que la destituyó y el Ejecutivo.

A través de sus abogados, Araujo planteó que "se vio privada de manera ilegítima y arbitraria de un cargo institucional y sus consecuentes responsabilidades para el cual fui elegida en forma directa por el pueblo de su comuna, lo cual la privó de su trabajo y sostén de vida familiar".

Y agregó que "se trastocó el normal desarrollo y ejercicio de las prerrogativas emanadas del mandato y de la legislación constitucional y provincial aplicable al régimen comunal, ocasionando un verdadero conflicto de poderes entre el órgano legisferante de la comuna y el departamento ejecutivo, en tanto dicho el primero impidió el libre ejercicio de las funciones del segundo".

Entre otras cosas, planteó que la situación sea abordada con perspectiva de género, psicológica y laboral, y se amparó en los artículos 4, 5 y 6 de la Ley Nacional 26.485 (protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres), que define a la violencia política.

Araujo habló de un perjuicio irreparable, ya que entendió que «resulta imposible recuperar el tiempo en la gestión comunal y restaurar a su imagen y honor». Añadió que este caso le generó un perjuicio irremediable en su carrera política puesto que se menoscabó su imagen ante la opinión pública, lo que mermaría sus posibilidades de reelección.

Al resolver este viernes, la magistrada Abud hizo lugar al planteo de suspensión de la resolución de destitución del Consejo Comunal y, a la vez, se declaró incompetente para seguir analizando la cuestión de fondo del tema: si la destitución es correcta o no.

En su escrito, argumentó que en el caso es aplicable el artículo 173 (NdelaR: procedimiento especial) de la Ley 10.027 (De Municipios) y no la 10.644 (de Comunas), ya que esta última no prevé una actuación ante una situación como la que se dio en la localidad de Gobernador Etchevehere, consignó Entre Ríos Ahora.

Explicó que "la reclamante ya posee una tutela legal dispuesta por el artículo mencionado y que inhiben a esta magistratura de decidir sobre las cuestiones que en el presente pretenden ventilarse, reservándose su decisión al Alto Cuerpo Jurisdiccional premencionado". Es decir, al Superior Tribunal de Justicia.

"Que dicha ley justamente ha previsto un procedimiento especial para el tratamiento de los conflictos de poderes y por el cual se expresa que se suspenden todos los procedimientos relacionados con la cuestión para elevarse los antecedentes al Superior Tribunal, disponiendo de una serie de plazos extraordinarios para su cumplimiento", añadió.

Subrayó que el régimen legal a aplicar (la Ley de Municipios) "da primacía a la eficacia suspensiva que inicialmente asignan a la promoción de estos litigios en su art. 173, y difieren así su última decisión a lo que disponga el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia".

Finalmente dispuso que se suspenda la destitución y que se comunique de la decisión al Consejo Comunal de Gobernador Etchevehere, como así también a la Junta Electoral Departamental.

El planteo de Araujo y el señalamiento a figuras de Juntos por el Cambio

Los letrados de Araujo habían solicitado que «se ordene la inmediata suspensión de los efectos jurídicos de la resolución Nº 032/22 dictado por el Consejo Comunal de la Comuna de Gobernador Etchevehere», como así también que no innovar a los efectos de que la Junta Electoral Departamental «se abstenga de emitir nuevo diploma de reemplazante legal».

Cabe recordar que, tras la destitución, fue designado en el cargo de presidente comunal Franco Sandrigo, 26 años, quien fue segundo vocal en el Consejo Comunal. Fue además el miembro informante en la sesión clave del cuerpo deliberativo del miércoles 28 de diciembre, cuando se votó la destitución. Entonces, la apartaron del cargo, según el texto de la resolución que firmaron todos los consejeros, debido a «una serie de hechos de una marcada gravedad institucional».

Araujo, a través de sus abogados, hizo una cronología de los hechos que la tienen hoy fuera de su cargo. En primer lugar, señaló que accedió a la presidencia comunal en 2019 y que su mandato finaliza el 10 de diciembre de 2023. En segundo término, refirió que «el 28/12/2022 participó como Presidente Comunal y del Concejo Comunal de la sesión ordinaria de ese cuerpo, convocada con la única finalidad de tratar el proyecto de presupuesto para el año 2023, donde fue sorprendida por la petición de tratamiento sobre tabla de un proyecto de resolución 032/22 que no se encontraba en el orden del día de la sesión y donde se proponía su inmediata destitución del cargo para el cual fue electa».

Enseguida, consideró «absolutamente irregular la destitución debido a que no se le permitió ejercer su derecho de defensa ante los argumentos vertidos y se violento el principio del debido proceso, lo cual entiende constituye un claro acto de violencia institucional ejercido sobre su persona en virtud de su condición mujer y económica por verse privada de su único ingreso».

Asimismo, relató que «ese día se convocó a parte de la comunidad para que participara como testigo, lo cual considera se trató de una suerte de ejecución pública, sintiendo un profundo sentimiento de humillación y angustia».

Narró que aproximadamente a las 5 de la madrugada del 29 de diciembre sufrió un ataque en su domicilio, en el cual le lanzaron por la ventana una piedra y un pedazo de madera con la frase “andate o son boleta”.

Debido a esa situación, abandonó la comuna y actualmente reside, de manera transitoria, en la localidad de Crespo. Mencionó que además del atentado, soportó el escarnio público por su difusión de la noticia en los medios de comunicación.

Por otra parte, sostuvo que «detrás de las agresiones a su persona radican en el abandono del espacio que conforman el intendente de Crespo, Dario Schneider, y el diputado nacional Pedro Galimberti dentro de Juntos por Entre Ríos  por el cual llegó a la presidencia de la comuna para apoyar el proyecto político que conduce el diputado nacional Rogelio Frigerio».

Ahora, el caso subirá al pleno del Superiro Tribunal de Justicia, una vez que los abogados de la dirigente política presenten una acción de conflictos de poderes contra la resolución de destitución que emitió el Consejo Comunal a fin de año.