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Estación Plus Crespo
Poco antes de cumplirse una semana de que se registraran los primeros "saqueos" en el país, las Fiscalías de San Salvador y Gualeguay, ordenaron la instrucción de legajos penales para determinar la responsabilidad y eventualmente imponer la sanción pertinente, a quienes habrían tenido un comportamiento que se ajusta a la figura delictual de "Incitación a la violencia colectiva".
En ninguna localidad se perpetraron los hechos planificados, sin embargo la posible incitación a cometerlos, ameritó la intervención de la justicia. De hecho, una de las causas derivó en allanamiento, con el propósito de colectar el dispositivo virtual que compromete a la persona acusada.
FM Estación Plus Crespo pudo confirmar que el primer episodio tuvo lugar en San Salvador. Una mujer difundió a través de un posteo de Facebook, un explícito llamado a saquear, haciendo mención incluso que tenía "en vista" a los comercios que serían afectados. En cortas oraciones, la usuaria de la red social arengaba a todo el que quisiera "sumarse".
La Unidad Fiscal de San Salvador dispuso el inicio de actuaciones, para lo cual encomendó tareas investigativas a la Policía de Entre Ríos -que lleva ya una semana en activa alerta de la situación-, lográndose prontamente la correcta identificación de la persona en cuestión, tratándose de una joven de esa misma localidad.
El segundo expediente se sustancia en Gualeguay -supo FM Estación Plus Crespo-, donde se viralizó una convocatoria a través de WhatsApp, para saquear comercios de esa ciudad. La Fiscalía en Turno recibió el informe de una minuciosa investigación policial, que pudo individualizar a tres personas: dos mujeres y un hombre, con diferentes roles en la presunta tipificación. A su vez, dichos sospechados están vinculados entre sí, en razón de su participación en una ONG de índole social.
En la última jornada, funcionarios del Gobierno Nacional han ratificado que serán "atentos custodios" del acabado proceso que la Justicia debe llevar adelante en cada una de las situaciones que alteran o pretenden desestabilizar la tranquilidad social.
Sucede que el "Orden Público" es un bien jurídico penalmente tutelado y por consiguiente, digno de protección legal. De allí radica, que quien incite o atente contra él, corresponde que se le aplique la sanción prevista. A modo de referencia, el Código Penal Argentino determina una pena de 3 a 6 años de prisión, para quien públicamente incitare a la violencia colectiva.
El Poder Judicial de Entre Ríos se ha activado en tal sentido, aguardándose los respectivos avances que presenten las mencionadas instrucciones penales.
