El “jurista” se trata de la unidad por la que son establecidos los honorarios de los abogados. Esta semana, la Cámara de Diputados de la Provincia le otorgó un incremento superior al 300% que fue aplaudido desde las gradas por quienes aguardaban la aprobación, consignó Radio La Voz.

La forma de calcularlo se establece a partir del 1,5% del sueldo básico de un Juez de Primera Instancia, que ronda por estos tiempos los $2.700.000, y por la que cada unidad de esta medida pasó de $9.800 a $40.241, incremento que ronda el 300%. Pero esto no es todo, si se lo mide en forma interanual, y tomando como referencia que en junio del año pasado su valor era de $2.750, la suba es superior al 1.300%.

La Cámara de Diputados de la provincia le dio sanción definitiva a la Reforma de la ley 7046 que regula los honorarios profesionales de abogados y procuradores y los valores se incrementan de un modo desproporcionado si se compara con los escasos aumentos que se han producido en las negociaciones paritarias públicas y privadas de la mayoría de los sectores.

De este modo, de ser homologada la aprobación por el gobernador Rogelio Frigerio, un trámite de divorcio, por el cual se establece el pago de 66 juristas, pasaría de $181.500 pesos a $2.655.927. ¿Quién se va a poder divorciar?. En casos de adopción se fijan 60 juristas, y para causas de filiación entre 50 y 60 juristas, lo que lleva a pensar en un acceso a la justicia cada vez más reducido a unos pocos y con poder adquisitivo. Ni hablar de causas penales, donde se ha determinado el pago de 120 juristas, lo que llevaría los montos, de homologarse, a más de $4.820.000.

En la gestión provincial anterior el proyecto había sido de la autoría de la ex diputada provincial y abogada Carina Ramos, con la coautores de los también abogados Ángel Giano, Juan Pablo Cosso y Mariana Farfán.

Lugo pasó al Senado en la actual gestión de gobierno y fue defendido por los legisladores Rafael Cavagna y Juan Pablo Cosso, también abogados, donde se le introdujeron pequeñas modificaciones.

Esta semana, el proyecto fue sancionado en forma definitiva por la Cámara de Diputados; se aguarda ahora, la homologación o no por parte del gobernador.

La norma fue impulsada por legisladores de distintos partidos y de ambas Cámaras, que tienen algo en común: son todos abogados. Al trabajo en comisión se invitó a participar al Colegio de la Abogacía y en ninguna instancia de un trabajo legislativo con claro sesgo corporativo se hizo mención al impacto que la medida tendrá en la población, que afronta dificultades económicas, reflexionó Análisis Digital. Tampoco se analizó si con esta suba -que medida interanual supera el 1.300%- habrá dificultades para el acceso a la justicia.

La autora del proyecto original es la ex diputada provincial Carina Ramos (PJ), de profesión abogada. Lo presentó durante su mandato, en 2021. Fueron coautores los también abogados Ángel Giano, Juan Pablo Cosso y Mariana Farfán, todos del bloque justicialista.

La iniciativa planteaba la modificación de un artículo de la ley Nº 7.046 que regula los aranceles de los abogados y los procuradores. En ese entonces, obtuvo dictamen de comisión y llegó al recinto hace casi un año, en la sesión del 7 de junio de 2023.

Ramos fue miembro informante. Habló de “dignificar la profesión”, en la que se advertía “una precarización”. También bregó por “la obtención de una recompensa justa y equitativa por el ejercicio de la labor profesional”.

 La siguió en el uso de la palabra la entonces diputada Mariana Farfán, también abogada, que comenzó saludando “a los colegas abogados y abogada que se encuentran en la sala”, según figura en la versión taquigráfica de entonces.

“Tal vez quienes no ejercen la abogacía no lo saben, pero es un trabajo a tiempo completo. Yo ejercí más de la mitad de mi vida y la disponibilidad es de 24 horas. El teléfono suena a cada rato, hay que ir a Tribunales, hacer constataciones, viajar...”, justificó la legisladora.

Otro abogado y entonces diputado, Esteban Vitor, apoyó desde la bancada opositora: “Se salda una deuda histórica”, consideró.

El proyecto pasó al Senado donde fue tratado en el presente período parlamentario. Lo defendieron en el recinto un senador peronista y uno radical, ambos abogados: Rafael Cavagna (JxER - Nogoyá) y Juan Pablo Cosso (PJ-Vllaguay), que como diputado había sido coautor del proyecto.

Tras la introducción de algunas modificaciones menores, el expediente volvió en revisión a la Cámara de Diputados, donde finalmente fue sancionado en la sesión de esta semana.

El miembro informante fue otro abogado: el radical concordiense Marcelo López. El diputado sostuvo que “Entre Ríos es una de las jurisdicciones con el arancel profesional más bajo”. Ningún otro legislador hizo uso de la palabra y en menos de 10 minutos la norma quedó sancionada. 

La votación unánime generó el aplauso de representantes del Colegio de la Abogacía que siguieron la sesión desde las gradas. “Es un logro de la abogacía unida y de las distintas secciones”, festejaron desde la conducción de la entidad en las redes sociales.

A partir de ahora, percibirán en sus ingresos un aumento muy por encima de cualquier paritaria sectorial. (Análisis Digital)