Los puntos principales del proyecto son los siguientes:

• Declarar la emergencia en seguridad vial, destinando recursos para generar un plan que reduzca la siniestralidad vial, fortaleciendo y reforzando los controles presenciales".
• Implementar en el plazo de un año máximo el sistema de scoring en todo el país, que lleva más de 16 años esperando.
• Que la ley de tránsito sea de orden público para terminar con la dispersión de normas provinciales y municipales, manteniendo la unicidad y seguridad jurídica al ciudadano que esta ley impone.
• Pasar de un esquema recaudatorio a una verdadera política de prevención vial: las fotomultas dejan de ser el único elemento de constatación de faltas para pasar a ser sólo auxiliar y de apoyo al control que, como ya indica el artículo 70, debe ser presencial con el objetivo de hacer cesar al infractor en su conducta.
• Coherencia en la prescripción de las multas. Lo establecido hoy en la ley de tránsito va más allá del tiempo que el Código Penal dispone para la prescripción. Por eso, la modificación retoma la redacción original del artículo 89, sosteniendo un año para faltas leves y dos años para faltas graves.
• Cortar con el curro de las universidades y las empresas intermediarias que se llevan el 50% -y en algunos casos aún más- de la recaudación por infracciones. Se propone crear un fondo con el 100% de los montos recaudados para afectarlos a obras de infraestructura vial, educación vial y asistencia en siniestros viales.