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Juan Carlos Meillard presentó la renuncia al cargo de director general de Gestión Cultural, que ocupaba hasta este viernes en la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. La Fiscalía Federal pidió la elevación de la causa a Juicio.
Entre Ríos04 de enero de 2025En horas de la noche de este 3 de enero, Juan Carlos Meillard presentó la renuncia.
El ahora exfuncionario provincial tomó la decisión de dar un paso al costado luego de que se conociera la noticia en la que la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, solicitara al juez federal de esa jurisdicción, Pablo Seró, la elevación a juicio de cuatro personas acusadas de facilitar el comercio de drogas en dos boliches de “La histórica”, entre las cuales figura Meillard.
Según consignó Federico Malvasio en Página Política, en la Casa Gris ya estaban al tanto de la situación del gestor cultural, pero las cosas se apresuraron en las últimas horas, cuando el sitio web publicó que Meillard iría a juicio en una compleja causa por comercialización de estupefacientes.
El dirigente del Partido Socialista habría estado involucrado en esta trama desde hace tres años, pero fue sobreseído con los demás procesados en dos oportunidades por el juez Seró. Sin embargo esas decisiones fueron revocadas y ahora se encuentra a las puertas de un juicio oral y público.
Meillard había sido nombrado mediante el decreto Nº 3006, que reubicaba a la Secretaría de Cultura bajo la órbita del Ministerio de Gobierno a partir del 1º de septiembre del año pasado. En el artículo 4º se volvía a designarlo con un cambio en el nombre del cargo.
Origen de la causa
La investigación se inició tras una información brindada por la Prefectura Naval Argentina que daba cuenta de que en los dos locales nocturnos de Concepción del Uruguay se realizaban fiestas electrónicas a las que asistían gran cantidad de jóvenes y donde se consumiría y comercializarían estupefacientes, especialmente drogas sintéticas como éxtasis y LSD.
En virtud de las tareas de investigación, lograron identificar a los dueños de los establecimientos y a Brem, quien sería el encargado de organizar las fiestas electrónicas donde también comercializaba las drogas. Así, por orden del juez Seró, el 20 y 21 de abril de 2019 se allanaron los boliches, en los que se secuestraron -dispersos en rincones y detrás de puertas, donde habían sido descartados- 110 pastillas de éxtasis, 8 troqueles de LSD, 6 gramos de cocaína en diversos envoltorios y otra cantidad que no pudo pesarse, 7 picadores, 76 gramos de hojillas de cannabis sativa y 32 cigarrillos de la misma sustancia, al tiempo que se detuvo a Folgueira y a Brem, en cuya vivienda se incautó 76,9 gramos de marihuana, un picador, una balanza digital, una pipa metálica y otros elementos de fraccionamiento, consignó Fiscales.gob.
Ida y vuelta
A los pocos días, el titular del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay procesó a Brem por tenencia simple de estupefacientes. En junio de 2019, a pedido de la fiscalía, el magistrado indagó a los responsables de los boliches y, en diciembre de 2020, los sobreseyó. La decisión fue recurrida por la fiscal Minatta y, en mayo de 2021, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná revocó los sobreseimientos e instó a “profundizar la investigación a fin de esclarecer los aspectos fácticos de la misma”.
No obstante, el 28 de diciembre de 2023, el juez Seró reiteró los sobreseimientos de los cuatro acusados por lo que, en febrero de 2024, la fiscal Minatta apeló nuevamente la resolución, que fue revocada -en mayo pasado- por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por las juezas Beatriz Estela Aranguren y Cintia Graciela Gómez y su colega Mateo José Busaniche, publicó El Entre Ríos.
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El director de Epidemiología, Diego Garcilazo, precisó que "los casos se concentran en adolescentes de 15 años ó más”.
En el Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 tomó “en consideración las variables macroeconómicas que surgen del marco macro-fiscal elaborado por el Gobierno Nacional conforme lo establecido por el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, estimaciones éstas, contenidas en el Proyecto de Presupuesto Nacional para el Ejercicio 2026 recientemente elevado”.
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Advirtieron que la obra social “quitó el reintegro de ópticas y el porcentaje de cobertura en medicamentos, que del 70% pasó en su mayoría al 40%”. Denunciaron que “hay un total maltrato a los jubilados”.
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Uniformados locales y de reparticiones especializadas desarrollaron el procedimiento ordenado por la justicia, a instancias de colectar elementos vinculados a la investigación del caso.
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El alumno pertenecía a un colegio cordobés de la localidad de Bell Ville.