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Entre 67% y 70% de la red vial nacional se encuentra en regular o mal estado y, debido al desfinanciamiento de la obra pública, muchos trabajos quedaron paralizados a pesar de tener más de 70% de avance.
Según un informe de Éforo Data, publicado por Diario UNO, durante los primeros 10 meses de 2024, los recursos destinados a obras con financiamiento nacional, respecto a 2023, se redujeron drásticamente, con una caída en la ejecución de obra pública nacional del 24% y del 83% en valores reales.
Según datos de Vialidad Nacional, ente encargado de administrar más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, entre 2022 y 2023, el 54,9% del total de la Red Vial Nacional pavimentada se encuentra en buen estado, el 22,1% en estado regular y el 23% en estado malo. Sin embargo, desde el Sindicato de Trabajadores Viales de la República Argentina, se reveló que entre el 67% y el 70% de la red se encuentra en regular y mal estado.
Graciela Aleñá, secretaria general del gremio indicó a El Auditor que hay más de 50 obras paralizadas en todo el país; 19 de éstas tienen un avance de más del 70%. Aún así quedaron estancadas por el fin del financiamiento a la obra pública.
“Hay muchas rutas, inclusive con más del 70% ejecutadas, que se podrían haber finalizado con lo que adeuda el gobierno a Vialidad Nacional”, aseguró Aleñá quien también mencionó también que a diciembre de 2024 solo se había recibido un 47% del presupuesto que le correspondía a Vialidad Nacional. Este dato, sumado a la paralización de la obra pública es la causa de la falta de conservación y mantenimiento de las rutas. “Un presupuesto que teníamos a diciembre de más de 600.000 millones; el Estado le adeuda a Vialidad más de 350.000 millones”, sostuvo.
La solución tiene proyectado el Gobierno nacional para el deterioro vial es la privatización de los corredores más rentables. En ese sentido se anunció un esquema de privatización de las rutas nacionales que iniciará con la licitación de algunos tramos del corredor vial 18 que abarca las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.
Se otorgarán concesiones para “la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario, y para la realización de nuevas explotaciones complementarias o colaterales que permitan obtener ingresos adicionales”.
El argumento del gobierno es la “reducción del gasto publico” por lo que delegará al sector privado la conservación y el mantenimiento de las rutas nacionales. La autoridad de aplicación de contratos y concesiones viales seguirá siendo la Dirección Nacional de Vialidad.
