El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, encabezó la compactación de 4.300 teléfonos celulares incautados en distintas unidades penales de la provincia. El procedimiento se realizó este miércoles en la Dirección de Vías Navegables, en el Puerto Nuevo de Paraná, con acompañamiento de autoridades del Ministerio de Seguridad y Justicia, del Poder Judicial y de la Policía de Entre Ríos.

En este marco, Frigerio anunció que próximamente, los que estén en condiciones, se usarán como botón antipánico.

“Esto forma parte de nuestra política, en este caso la carcelaria, de liberar a las prisiones de estos celulares que sabemos que están prohibidos. En lo que va de la gestión, hemos requisado prácticamente 100 celulares por mes en promedio. Había, además, un stock de unos 3.000 de muchísimos años, que también se destruyen”, describió el mandatario entrerriano al referirse al hecho inédito en la provincia.

Además, el gobernador informó que ya se acordó con autoridades de la Justicia para que “en las próximas requisas los que funcionen bien y que no estén con clave, los vamos a donar al Ministerio Público Fiscal para que puedan utilizarlos como botón antipánico las víctimas de violencia de género”.

En tanto, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, subrayó que el motivo del secuestro de estos teléfonos, más allá de la prohibición de la legislación, “es porque son utilizados para cometer delitos”.

Y agregó “desde adentro de las cárceles se producen amenazas, extorsiones y comercio de drogas. No tenemos la tecnología, pero tenemos el personal”, ponderando la efectividad de los funcionarios del Servicio Penitenciario.

La jueza de Ejecución de Penas de la provincia, Cecilia Bértora, aclaró que los teléfonos celulares están indicados en la Ley de Ejecución Penal como “elemento prohibido” y que los únicos internos de las unidades penales habilitados a tenerlos son quienes gozan de “salidas socio familiares y socio laborales”.

No obstante, aclaró que “no pueden utilizar cualquier tipo de celular, tienen que registrar el número y el chip, además de tener la habilitación especial del Servicio Penitenciario”.

El procedimiento de compactación de teléfonos celulares incautados en unidades penales de Entre Ríos se llevó a cabo en tres etapas. En la primera, se retiraron las baterías, que fueron depositadas en un centro verde en Gualeguaychú; la segunda es la que tuvo lugar este miércoles y la tercera -que comprende al residuo plástico y al excedente- se depositará en un centro de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAES).

En la actividad, el gobernador estuvo acompañado también por el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), Aníbal Miotti, y por el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González.

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