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Todos deben acatar las medidas impuestas, como la de no ausentarse de sus domicilios particulares por más de tres días sin notificar previamente su lugar de residencia.
El juez federal Daniel Alonso resolvió que Juan Diego Etchevehere, actual director del distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina, “se mantenga en el estado de libertad en que se encuentra”, debiendo comparecer en caso de ser citado por el Juzgado N.º 1 de Paraná y “comunicar si se muda del domicilio declarado o se ausenta del mismo por más de 72 horas, bajo apercibimiento de ordenarse su detención”.
La misma medida alcanza a los demás imputados en esta causa: el exministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere; el exdirector de la delegación Paraná de la ANSES y candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Sebastián Etchevehere; y la madre de ambos, Leonor Barbero Marcial.
La causa por la que fueron citados a audiencia en el Juzgado de Paraná es por violencia económica y extorsión contra Dolores Etchevehere. En la documentación se detalla que “durante el período comprendido entre septiembre de 2009 y marzo de 2021, Luis Miguel Etchevehere, Sebastián Arturo Etchevehere, Juan Diego Etchevehere y Leonor Barbero Marcial obligaron a Dolores Etchevehere a suscribir un acuerdo de adjudicación y partición de herencia, mediante intimidación”.
Asimismo, se afirma que “ejercieron actos de violencia económica y psicológica”. Se señala también que “se falsificaron y/o utilizaron las firmas de Luis Félix Etchevehere –padre– y de Dolores, con el fin de tomar el control de la administración de la sucesión”.
El juez Alonso adoptó estas medidas luego de que los imputados decidieran no prestar declaración en la audiencia a la que fueron citados.
Además, los hermanos Etchevehere y su madre fueron recientemente procesados por “administración fraudulenta en perjuicio de la empresa Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER)”, propietaria, entre otros bienes, del centenario medio gráfico El Diario de Paraná.
Esta resolución, firmada por los jueces María de Luján Giorgio, Gustavo Pimentel y Evangelina Bruzzo, ratifica lo dictado en primera instancia y refuerza la acusación por estafa agravada en el vaciamiento del medio.
En el fallo, los camaristas destacaron que los imputados realizaron maniobras para apropiarse de fondos y activos de la empresa mediante un entramado de sociedades vinculadas y el uso personal de bienes, afectando directamente el funcionamiento y la sostenibilidad de El Diario.
Según el fallo, los imputados utilizaron recursos de SAER para gastos personales, desviaron ingresos por publicidad oficial y realizaron transferencias irregulares a otras firmas de su propiedad. Además, se habrían concretado ventas irregulares de bienes de la empresa como parte de una estrategia deliberada para dejar a Dolores Etchevehere “sin patrimonio operativo”.
Esta causa se inició en 2013 con una denuncia, y tras años de litigio, los tribunales finalmente ratificaron los planteos de la querella.
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