Revés para el Gobierno: la Justicia frenó el cierre de Vialidad Nacional

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, a cargo de la jueza Martina Forns, dictó una medida cautelar que suspende por seis meses el decreto del Poder Ejecutivo que ordenaba la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). 

La decisión, que representa un nuevo revés para el gobierno de Javier Milei, prohíbe al Ejecutivo llevar a cabo cualquier acción administrativa derivada del Decreto 461/2025, incluyendo traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al organismo.

La medida responde a un recurso presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), que argumentó que el cierre de Vialidad vulnera derechos laborales y sindicales protegidos por la Constitución Nacional y los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La jueza Forns destacó que la DNV, como entidad autárquica creada por el Decreto Ley 505/1958, está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo, y que el decreto gubernamental afecta de manera arbitraria la estabilidad laboral de los más de 5.000 trabajadores del organismo.

El fallo subraya que la disolución de Vialidad, dispuesta el 8 de julio de 2025 y publicada en el Boletín Oficial, no solo compromete los derechos de los empleados, sino que también podría impactar en la gestión de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales que dependen del organismo. 

El texto judicial, según informó TN, la medida del gobierno "interfiere arbitrariamente" en las negociaciones colectivas y desconoce las condiciones laborales establecidas en los convenios vigentes.

Esta resolución suspende temporalmente los planes del Ejecutivo, liderados por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, de centralizar competencias y transferir funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. 

Mientras tanto, la Justicia aún debe resolver sobre la constitucionalidad del decreto, un aspecto que podría definir el futuro del organismo encargado de la infraestructura vial del país.