Este lunes, Entre Ríos tendrá su vuelta a clases en medio de un clima de tensión

La última medida de tono enojoso fue la resolución Nº 1.756, que Educación dictó el 24 de junio, y que se constituyó en una «invitación» para que docentes y no docentes en condiciones de jubilarse inicien el trámite ante la Caja de Jubilaciones y Pensiones.

La disposición pasó por alto dos apartados de la Ley de Jubilaciones Nº 8.732: la que da al docente la posibilidad de trabajar dos años más para acceder en vez del 82% móvil al 85% móvil; la otra, que ningún docente con tutela sindical puede ser empujado a pasar de la actividad a la pasividad sin antes llevar adelante un proceso judicial para quitarle los fueros gremiales.

Son los casos de Fabián Peccín, prosecretario gremial de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y dos veces secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); del secretario de Derechos Humanos de Agmer, Claudio Puntel; y del adjunto de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), Carlos Varela, además miembro paritario por el gremio de los docentes técnicos.

Luego, siguió la directiva que emitió el Consejo de Educación al Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaubepro) para que aplique un ajuste en la cobertura del transporte escolar para estudiantes de escuelas rurales. Lo que provocó fue la inmediata reacción de comunidades escolares, que alertaron que se estaba coartando el derecho a la educación de cientos de niños y adolescentes.

Ningún funcionario se hizo cargo del papelón. Ante la reacción adversa, hubo que dar marcha atrás. Todo ocurrió durante el receso de julio.

Las tensiones habían arrancado en la primavera de 2024, cuando el CGE dictó la resolución Nº 2.771, que impuso la firma de declaraciones juradas a los docentes para establecer qué maestro cumple con su tarea y cuál se adhiere a los paros sindicales, y así aplicar los descuentos por día no trabajado.

Esta semana el titular de Agmer, Marcelo Pagani, se refirió a las jubilaciones de ofició y trazó un paralel9ismo con la resolución Nº 2.771. “No se trata de una invitación. Cuando dictaron la resolución 2.771, que invitó a los docentes a que firmaran declaraciones juradas, al final se confirmó que no era una invitación. El docente que no firmó esa declaración jurada tuvo descuento del día y sumario. Por lo tanto, cuando este Gobierno te invita, mamita”, sostuvo.

La vuelta a la actividad en las escuelas, entonces, se hará en medio de ese clima, y ante la previsión de nuevas «medidas de ajuste» en el sector, apuntó Entre Ríos Ahora.